"Derógase el Art. 210 de la Constitución", reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece "la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia".
En su petición, los diputados calificaron de "contradictorio" que el Estado "deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral", ya que "podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado".
Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.
El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.
De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.
Reforma constitucional en una votación
Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un "intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración", es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.
Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.
La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para "trastocar la Constitución" de El Salvador.
