El Tribunal Supremo Electoral (TSE) despidió en enero a más empleados de áreas como la Oficina de Información (OIR), Dirección de Organización Electoral (DOE), cartografía y del área jurisdiccional, confirmaron dos fuentes internas a Diario El Mundo.



Los seis despedidos ejercían cargos técnicos y uno que laboraba en Cartografía estaba hospitalizado debido a una enfermedad terminal, por lo que no fue notificado en diciembre junto a los otros 140 empleados despedidos ese mes, según las fuentes.

Con estos despidos, la OIR encargada de procesar las solicitudes de acceso a la información pública se quedó sin personal. El oficial de información, Duque Mártir Deras fue despedido en diciembre, su asistente fue trasladada y finalmente despedida en enero.



Desde octubre a diciembre de 2024, los nuevos magistrados acordaron despedir a casi 200 empleados entre jefes, directores y personal técnico de la institución. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del TSE (STRATSE) pidió públicamente que se revocaran los despidos.

Según otra fuente interna, cuando los magistrados asumieron sus cargos, había alrededor de 295 empleados, de los que unos 170 eran afiliados al Sindicato. Luego de los despidos, quedaron unos 40 afiliados, pero la mayoría consideraban desafiliarse.

La fuente aseguró que las autoridades presuntamente estarían presionando a los empleados a desafiliarse para que no aparezca en planilla el descuento por la cuota sindical.

Otra fuente dijo que, a diferencia de trabajadores de otras instituciones, los empleados del TSE decidieron no pronunciarse "por el miedo de la gente" porque, desde septiembre, el contrato de seguridad privada venció y la institución recurrió a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuando los empleados eran citados en una oficina para informarles su despido, la entrada era resguardada por agentes de la PNC, por lo que los empleados tenían miedo de pronunciarse porque les sería aplicado "el régimen de excepción".

El presupuesto del TSE para el año 2025 suprimía 166 plazas entre contrataciones por Ley de Salarios y contrato. Los magistrados propietarios mantienen ingresos por más de $5,000 que incluyen gastos de representación.