El subsecretario para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Brent Christensen, aseguró el martes que Estados Unidos y El Salvador están construyendo un futuro mejor al combatir la migración ilegal y el narcotráfico según publicó la cuenta oficial de X del subsecretario.

Christensen se reunió ayer con la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, a quien agradeció por sostener "una conversación productiva" sobre las prioridades compartidas entre ambas naciones.  La publicación fue compartida también por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

El funcionario norteamericano también expresó que los dos países están "construyendo un futuro más seguro y próspero" al combatir conjuntamente la migración irregular y el narcotráfico, además, de promover "la cooperación en energía nuclear civil".

Por su parte, la embajadora Mayorga aseguró en sus redes sociales que el subsecretario Christensen le dijo que "desea ver con sus propios ojos los cambios" del gobierno salvadoreño en materia de seguridad y que está interesado en "colaborar aún más" desde la Oficia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Mayorga recordó que Chistensen fue destacado en la Embajada estadounidense en El Salvador "en la peor época de las pandillas". "Hoy muy contento me dice que nuestras calles son seguras, ya que antes él no podía ni salir a caminar", afirmó la diplomática salvadoreña.



Desde enero hasta junio de 2025, se estima que al menos 85 vuelos con deportados procedentes desde Estados Unidos han aterrizado en El Salvador, según los datos de la organización Witness at the Border. Solo el año pasado, antes de la administración Trump, más de 15,000 salvadoreños fueron deportados de acuerdo a los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Asamblea Legislativa salvadoreña dictaminó esta semana una propuesta de ley para crear un Mecanismo de Coordinación que brinde asistencia a migrantes retornados y que cree e implemente políticas migratorias. Expertos migratorios ven entre los grupos vulnerables a deportaciones a personas con antecedentes penales, solicitantes de asilo, quienes tienen protección temporal e incluso a residentes.