El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, considera importante cuestionar a los aspirantes cómo atenderían "las necesidades de una institución que tiene un presupuesto que no la satisface" y que tiene una "alta demanda ciudadana". "Es una institución que no ha sido eficiente durante todo este tiempo", aseguró.
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Las tres preguntas clave, según el director de la AC, son:
- ¿Qué medidas va a tomar para aumentar la efectividad de la Fiscalía y bajar los índices de impunidad?
- ¿Qué estrategias implementaría para bajar la carga laboral de los fiscales?
- ¿Cómo revertiría la tendencia de impunidad?
Acción Ciudadana presentó el viernes un informe en el que revelan que la FGR tiene un 90 % de impunidad en los casos que tiene con base a los datos de las memorias de labores del período 2012 a 2023.
De los 1,004,433 casos iniciados, al menos 577,811 no han sido judicializados, mientras que 426,622 sí fueron llevados a la justicia, pero solo 88,339 resultaron en sentencias condenatorias.
Escobar considera que la elección en tiempo del nuevo fiscal dependerá de "las dinámicas internas que tiene el partido Nuevas Ideas" y si eso le permitirá "ponerse de acuerdo" sobre el nuevo titular fiscal. "Ya se vio que pueden haber diferentes tendencias y eso obviamente le restaría apoyo a ciertas figuras", señaló Escobar, quien además, indicó que la elección del fiscal podría retrasarse "dependiendo de los intereses que puedan ser tocados".
De no realizar en tiempo la elección, Escobar considera que el fiscal adjunto podría asumir funciones, aunque recordó que en años anteriores hubo jueces que "rechazaban los requerimientos firmados por el fiscal adjunto" porque según su planteamiento "no estaba legitimado para presentar requerimientos".
Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene casi dos meses de retraso en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene hasta el lunes para cumplir con el plazo legal para elegir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Rodolfo Delgado, actual fiscal general de la República, fue nombrado en el cargo el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa tomó posesión de su cargo y destituyó al entonces fiscal Raúl Melara. Ese mismo día, la Asamblea también destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.