La remoción de jefes técnicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) eliminaría la “estructura esencial” en el funcionamiento electoral de la institución, puesto que la mayoría de empleados poseían una amplia experiencia, aseveró la jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López.

López explicó, durante el XI Encuentro de Estudios Políticos en Panamá, que la remoción masiva de técnicos supone un “desmantelamiento de las capacidades del Tribunal Supremo Electoral”. Añadió que esto afecta la ejecución electoral porque El Salvador es un “país sin procesos de formación y profesionalización del servicio electoral”.

“En el nombre del pueblo y bajo el manto de la popularidad se anuló el sistema de frenos y contrapesos, se instaló la opacidad como política de Estado y se ha criminalizado el disenso”. Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal.


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López opinó que hay una “concentración del poder en manos de la presidencia del TSE” ejercicio por la magistrada presidenta, Roxana Soriano, propuesta por el instituto político Nuevas Ideas. No detalló por qué habría una concentración de poder en manos de Soriano. Fuentes internas del TSE comentaron a Diario El Mundo que los listados aprobados para pedir renuncias a técnicos han sido propuestos por Soriano, al igual que los sustitutos.

Con estos planteamientos, López consideró que El Salvador vive una "autocracia" donde “las elecciones únicamente han pasado a tener una función de legitimación de un poder que busca perpetuarse”.

Los nuevos magistrados del organismo colegiado tomaron posesión de sus cargos el 27 de septiembre y desde entonces han acordado solicitar al menos 40 renuncias a jefes de unidades y direcciones de la entidad electoral. No todas se han ejecutado, pues si bien se les solicitó la renuncia, algunos no las presentaron y se les dejó seguir en sus cargos.

Entre los despedidos está la encargada de la Dirección de Registro Electoral, Xiomara Avilés y el titular de la Dirección de Organización Electoral (DOE), Roberto Gómez. El TSE justificó las solicitudes de renuncias argumentando que los técnicos ejercían cargos de confianza, sin embargo, Acción Ciudadana ha señalado que los cargos técnicos no son de confianza.