La abogada Roxana Cardona, representante del Movimiento, opinó que las propuestas de reformas alargan la detención provisional, aumentan la pena a una persona condenada que no cumpla la responsabilidad civil del delito y que deja a las víctimas de un fraude el costo de los peritajes financieros.
“El problema que estamos viendo es que, con estas nuevas reformas penales, se va a trasladar el régimen de excepción a la población en general, específicamente con las detenciones que se está llevando, a que va a pasar más de dos años en detención provisional”, explicó la abogada del movimiento, Roxana Cardona.
Cardona llevó el escrito a la Asamblea para que sea visto en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia pero no pudo entregarlo. En el escrito el movimiento pide audiencia con la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, para exponer todas estas consideraciones con base jurídica.
Para el Movimiento, el proyecto muestra una "involución en el derecho penal".
Es de suma preocupación cómo la detención provisional pasará a más de dos años, que las víctimas en casos de administraciones fraudulentas como el caso Cosavi pasarán a costear sus propio peritajes; cómo la responsabilidad civil se está disfrazando de prisión por deuda, estamos viendo una involución en el derecho penal.
Roxana Cardona, abogada del Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana.
¿Qué observaciones hacen a la reforma penal propuesta por Gustavo Villatoro?
1. Las penas: el movimiento sostiene que estas "deben ir en proporción al hecho acaecido". Ejemplifica que por hurto (6-8 años) y estafa (5-8) impone penas similares. Opina que hay "una nula aplicación del principio de humanidad y de culpabilidad de la pena" y pide observar "la responsabilidad, el dolo, la culpa, a atribuida y de proporcionalidad".2. El costo económico en la realización de las pericias en los delitos de administración fraudulenta: el movimiento señala que el derecho penal es de carácter público donde el Estado asume el monopolio de la investigación y el costo de las pericias. Considera que puede generar cierta impunidad al no poder las víctimas asumir un costo.
3. La detención provisional: al determinar la detención, el movimiento pide "guardar la debida proporción con la pena", pero señala que la reforma "conlleva pasar a más de dos años en dicha situación privativa violando el principio de necesidad". Aseguran que con la interposición de un recurso ante una sentencia condenatoria, se le estaría alargando dicha detención provisional.
4. La responsabilidad civil: al salir el condenado por algún beneficio penitenciario, con su trabajo, empieza a cancelar dicha responsabilidad civil. De acuerdo a la reforma, deberá cancelarla dentro del centro penitenciario, caso contrario, deberá alargarse su pena. El movimiento señala que dicha figura es "prisión por deuda carcelaria" y duda si cancelará con cárcel dicha responsabilidad civil.
