Además, los diputados quieren nombrar a los magistrados propietarios para sustituir a dos magistrados que habían sido electos para terminar el 30 de junio de 2030, ya que el magistrado Miguel Flores Durel falleció y Enrique Portillo Peña renunció.
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Los últimos seis candidatos serán entrevistados el próximo lunes: Lila Margarita Rosa González, Reina Maribe Sigarán de Lemus, Alexander Efraín Ticas Navarro, Guillermo Torres Arita, Miguel Umaña Argueta y Joaquín Vallejos Díaz.
Con declaraciones parciales a Probidad
El primer entrevistado fue el abogado Miguel Elías Martínez Cortez, quien dijo ha laborado en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, ha sido juez Juzgado de Paz de San Luis de La Reina de San Miguel, de San Francisco Javier de Usulután y de Texistepeque (Santa Ana) y fue nombrado el 26 de septiembre de 2021 como magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador.“Muchas veces las víctimas van a un lugar y, cuando no hay apoyo, los mandan a otros. En la actualidad se ha mejorado mucho, eso coadyuva a una pronta y cumplida justicia”, opinó, ante una pregunta de la diputada Alexia Rivas.
El candidato sugirió redistribuir la carga judicial, permitir las notificaciones por WhastApp y permitir las denuncias mediante el sistema informático.
El diputado Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas, le observó que tenía cuatro declaraciones parciales a la Sección de Probidad de la CSJ, una oficina que se encarga de recibir las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios.
“Todas las he presentado, lo que sucede es que uno las presenta y ellos hacen las calificaciones”, le respondió. “Sí, no le dije que no ha presentado, le dije que tiene información pendiente de presentar, solo ha sido una cumplimiento y tiene cuatro parciales”. “Usted ha dado la respuesta”, contestó el aspirante.
¿Qué hiciera en pandemia?
El segundo aspirante entrevistado ayer fue Henry Alexander Mejía, magistrado suplente de la CSJ, con maestría en derecho pluralista y un doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona.El diputado Ernesto Castro, quien preside la Comisión Política, le preguntó qué hiciera si fuera magistrado de la CSJ ante decretos de cuarentena en medio de una pandemia como ocurrió en 2020.
Mejía le respondió que el principio de división de poderes no solo consiste en los pesos y contrapesos.
“Quedó en evidencia que no hubo colaboración. Desde el punto de vista político, no jurídico, la Sala de lo Constitucional se precipitó en declararles inconstitucional todo el cuerpo normativo. Hay un principio, que el interés público prevalece frente al interés privado”, le contestó.
"Hay recursos que se subutilizan en el Órgano Judicial"
La candidata Martha Alicia Ochoa Aragón, jueza cuarto de familia en Santa Ana, fue vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador (AMJUES), propuso elaborar un diagnóstico técnico para “legitimar el Estado de Derecho”, analizar con qué recursos se disponen, cuánto se gastó y “superar las burocracias administrativas que bloquean que los fondos lleguen adonde más se necesitan".La candidata sostuvo que "hay recursos que se subutilizan en el Órgano Judicial”, sugirió que se debe reforzar a los tribunales contra el crimen organizado, ponderar la efectividad de la justicia, e identificar dónde está la mora judicial.
Para modernizar el sistema judicial, la candidata propuso “implementar las TIC y la Inteligencia Artificial” y un sistema digital integrado.
“Ningún gobierno había venido a rescatar al pueblo”
Por su parte, Linda Jacel Peraza Fuentes, quien funge como magistrada presidenta de la Cámara Segunda contra el Crimen Organizado de San Salvador, dijo que está “emocionada y de la forma cómo se está cambiando este país”.Ante una pregunta de la diputada Suecy Callejas sobre el régimen de excepción dijo responder respondió: "Ningún gobierno había venido a rescatar a lo que es a este pueblo salvadoreño, con toda esta delincuencia ha sido una zozobra que se ha vivido, esto lo digo como ciudadana. Ahora como funcionaria, yo verifico estos motivos, son hechos lamentables. Cuando se pone a ver la teoría de un caso, dan ganas de llorar. Son personas porque no pagó la renta, porque se atrasó, hay hechos que son reales porque son sometidos a mi conocimiento y esto desencadena en una serie de homicidios”.
“Yo soy una persona comprometida con el trabajo, con el pueblo salvadoreño y con todos ustedes”, les dijo a los legisladores. “Un régimen de excepción no se decreta de manera antojadiza”, expresó, en defensa de las reformas a la Ley contra el crimen organizado.
No es fácil lo que no nosotros hacemos porque no vemos lo que es un ciudadano procesado, sino que se ven clicas, es un grupo de criminales, de terroristas, que nosotros estamos analizando y resolviendo las situaciones jurídicas para ellos”.
Linda Peraza, magistrada presidenta contra el crimen organizado.
La magistrada aseguró que reciben casos de menores en los que se alega que se les está aplicando la Ley contra el crimen organizado. "Lo que se está aplicando es la Ley Penal Juvenil, lo que es diferente es el procesamiento de esa clica, que va junto con esas personas que están en el crimen organizado", dijo. También señaló que son mínimos los recursos que reciben de los juicios colectivos.
"Hasta la diáspora podría tener acceso a un expediente judicial"
Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, magistrado presidente en funciones de la Sala de lo Penal, propuso realizar un diagnóstico de necesidades y emitir medidas inmediatas: priorización en la función jurisdiccional, establecer un protocolo de atención a víctimas a usuarias, un expediente judicial electrónico con mecanismos de seguridad.El candidato también propuso acceso en línea de los expedientes, la posibilidad de presentar documentos en línea, la implementación de la firma digital, el establecimiento de audiencias virtuales y la posibilidad de publicar edictos judiciales en sitios electrónicos incluso de la CSJ.
¿Cuáles son las ventajas del expediente judicial electrónico? Reduce los tiempos. La accesibilidad, hasta del extranjero, hasta la diáspora podría tener acceso a un expediente judicial, presentar documentos, reduce los costos y además hay transparencia y control”.
Alejandro Quinteros, magistrado presidente en funciones de Sala de lo Penal.
Aseguró que en en la Sala hay un sistema que permite diagramar la línea de tiempo y ver dónde cuánto tiempo se tuvo un expediente en cada instancia.
El magistrado aseguró que, cuando ingresó a la Sala de lo Penal, le preocupó que se estuviesen venciendo medidas cautelares en delitos graves, pero aseguró que se redistribuyó la carga laboral y se reestructuró.
La destitución de la Sala: "Fue un control de constitucionalidad político"
El último entrevistado del lunes fue Vicente Alexander Rivas Romero, quien funge como magistrado presidente de la Cámara de Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador desde 2022.“Esta jornada se van de tú a tú, maestrías, doctorados”, comentó el diputado Ernesto Castro, sobre su currículum.
“Mi formación profesional no solamente es teórico dogmático sino práctica, porque he estado como fiscal, colaborador jurídico, magistrado interino y magistrado propietario. No solamente es la resolución de un caso atrás del telón, sino tomando decisiones”, dijo el aspirante.
Al candidato le preguntaron cuál era el asidero legal de las candidaturas independientes y que si fuera electo magistrado, optaría por esa mutación constitucional.
Respondió que “en derecho constitucional no nos podemos ir solo por la literalidad” y que “estaría de acuerdo de empoderar al ciudadano para que lo pueda hacer, pero será el legislador el que deberá regular”. “Sí es posible mantener la candidatura independiente”, afirmó.
El diputado Reinaldo Carballo le preguntó su opinión sobre los diputados que destituyeron el 1 de mayo de 2021 la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
“El ente político consideró que la Sala de lo Constitucional no había actuado desde un enfoque político y de conveniencia para el país ante una pandemia que ninguna institución del Estado, de El Salvador y del mundo estaba preparado para hacerle frente”, respondió.
"Si nosotros lo enfocamos desde el punto de vista social y político, yo estaría de acuerdo, porque fue un control de constitucionalidad político, porque no era por una razón jurídica, era por una razón política y que esto está permitido por el constitucionalidad. De hecho la discusión entre Hans Kensel y Carlos Smith era quién era el defensor de la Constitución", añadió, a lo que el diputado Caleb Navarro le replicó: "Dejemos de estar enmascarando, la Sala de lo Constitucional que destituimos dio argumentos políticos". El candidato dijo, al final, que él entendió la pregunta “desde el punto de la vista de la Asamblea para destituir” y no de la Sala para dar su resolución.
