Una delegación de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) presentó el martes a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para la Prevención y Protección del Ciberdelito, para que los países centroamericanos y del Caribe posean un marco normativo contra estos delitos.

Ley para Prevención y Protección del Ciberdelito en Asamblea Legislativa de El Salvador
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El Parlacen informó el miércoles que una delegación de parlamentarios y representantes de la Dirección de Seguridad Democrática del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se reunió con los diputados Caleb Navarro, Felipe Interiano y Walter Coto para presentar el proyecto de ley.

El diputado de Nuevas Ideas en el Parlacen Carlos Hernández aseguró que el proyecto será presentado a las Asambleas Legislativas y Congresos de los países que integran el SICA para que "cada Estado pueda hacer frente a la ciberdelincuencia".

"Los ciberdelincuentes día a día innovan en nuevas formas de delinquir, por lo que resulta oportuno analizar esta ley y proponer las reformas pertinentes en busca de crear un ciberespacio seguro en nuestro país y la región".
Carlos Hernández, diputado del Parlacen.


Hernández explicó que el marco normativo contempla la creación de figuras delictivas, la adecuación de normas penales y reglas procesales que ya poseen los países y que consideran "necesarias para incorporar los medios de prueba digitales" y permitir "la obtención de evidencias y pruebas electrónicas en el proceso penal".

Según el parlamentario, las normativas deben actualizarse porque "los ciberdelincuentes día a día innovan en nuevas formas de delinquir". El Parlacen no detalló qué reformas plantearon a los legisladores para otras leyes vigentes en el país.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó, el 12 de agosto, un dictamen favorable de reforma a la "Ley especial contra los delitos informáticos y conexos" que no ha sido aprobado por el pleno legislativo y que establecía penas de 10 a 12 años de prisión a quienes tengan “acceso legítimo” a bases de datos, y que consulten, extraigan o utilicen de manera ilegítima esta información. La reforma, explicó una representante del Ministerio de Economía, estaba dirigida para los empleados que tenían accesos legítimos a bases de datos u otros registros.