Amalia López, de la Alianza, mencionó una reciente reforma y el presupuesto para la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas como los indicios de una posible reactivación de la minería en el país.
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La Dirección tiene un presupuesto de $3.1 millones para “formular, adoptar, dar seguimiento, evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y regulación de los sectores Hidrocarburos y Minas, así como, autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de los participantes de dichos sectores”.
Agregó que desde mayo de 2021 El Salvador se unió al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. Según el Ministerio de Medioambiente este foro es conformado por 78 países, que “exploran las mejores prácticas y ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil” en materia de minería.
También, mencionaron que se han dado en alquiler terrenos que pertenecieron a Pacific Rim y que “han estado haciendo operaciones en el territorio, eso viene a reafirmar lo que nosotros ya veníamos mencionando”, dijo Alfredo Leiva, directivo de la Ades.
Por su parte, la abogada ambiental, Yanira Cortez, sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una opinión consultiva del 15 de noviembre de 2017, dejó establecidos los derechos ambientales al aire limpio, agua segura y suficiente, a alimentos sanos, entornos no tóxicos, ecosistemas sanos, biodiversidad y clima seguro, por un lado; y por otro, a información, participación ciudadana y acceso a la justicia.
¿A qué tenemos derecho? A la disponibilidad de recursos, aire, agua. Que yo no tenga que ir a otro lugar para poder respirar aire limpio, que yo no tenga que ir a otro lugar para poder beberla”.
Yanira Cortez,
abogada ambiental.
Según Cortez, el Estado está obligado a no dañar el medioambiente, pero también a prevenir, regular y supervisar posibles daños; y en caso de duda, se toma la medida más favorable al medioambiente (principio pro-natura). Criticó el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ante amenazas de posibles iniciativas de minería en El Salvador y de zonas abandonadas.
La abogada recordó que en El Salvador la minería metálica está prohibida por decreto desde el 29 de marzo de 2017 y que el Estado salvadoreño reconoció en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el derecho al medio ambiente en abril de 2022.
