La abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, leyó las peticiones en las que destacan la solicitud para que la CIDH intervenga y frene el avance de la reforma constitucional aprobada en abril de 2024 y que permitiría que una misma legislatura apruebe y ratifique una modificación a la Constitución de la República.
"Pedimos: solicite al Estado Salvadoreño deseche el cambio constitucional que modifica el procedimiento de reforma contenido en el artículo 248".
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Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal,
Actualmente, el artículo 248 de la Constitución de la República establece que para dejar en firme una reforma constitucional, la misma debe ser aprobada por una legislatura y ratificada por la siguiente legislatura. La reforma fue aprobada en abril de 2024 y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo la semana pasada que la ratificación podría efectuarse a finales de 2024 o inicios de 2025.
"Nosotros en su momento dijimos que era algo que no íbamos a hacer apresuradamente, que nos íbamos a tomar nuestro tiempo", dijo Castro. La iniciativa de reforma fue presentada en su momento por Rodrigo Ayala y fue aprobada por dispensa de trámite con los votos de Nuevas Ideas y sus aliados.
La audiencia ante la CIDH fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) por sus siglas en inglés y en la misma participaron los abogados Ruth López, Enrique Anaya, Sandra Santos, Gabriela Santos, Rodolfo González y Abraham Abrego, quienes expusieron sus preocupaciones por la reelección inmediata, cooptación del poder judicial y reformas constitucionales.
En la audiencia no compareció representación del Estado salvadoreño, lo cual fue lamentado por los miembros de la Comisión. El gobierno no ha dado a conocer por qué decidió no participar en la audiencia. Al respecto, los abogados pidieron a la CIDH "que la preocupante ausencia del Estado salvadoreño este día se recoja en el comunicado que esta comisión emita al final de este período de sesiones".
Otras peticiones
Además, los abogados también le pidieron a la CIDH que solicite al gobierno salvadoreño que acate los dispuesto por esa misma Comisión respecto al "el cumplimiento del plazo razonable" para la resolución de los Hábeas Corpus, interpuestos en el marco del régimen de excepción.Con ello, los abogados buscan que el Órgano Judicial resuelva "con los derechos de garantía judicial y protección judicial de la convención interamericana sobre derechos humanos".
La abogada Ruth López explicó a los miembros de la CIDH que la interposición de Hábeas Corpus en 2014 llegó a los 7,070 casos, de ellos, el 16 % se resolvieron en resoluciones estimatorias; para 2024, los recursos se redujeron a solo 217, con solo el 1.8 % de resoluciones estimatorias.
Asimismo, solicitaron que la CIDH que tenga en cuenta los expedientes en trámite relacionados con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrida el 1 de mayo de 2021 a propuesta de dispensa de trámite de Nuevas Ideas y sobre "el cese masivo de jueces ocurrido el mismo años, por el impacto que tiene en el sistema democrático salvadoreño".
Se espera que la CIDH emita un comunicado sobre la audiencia, en la que se recordó que según el artículo 63 del reglamento de la Comisión "el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia" y a sus familiares.