Esta fue una de las reacciones de las organizaciones activistas de derechos humanos que el lunes exhortaron a El Salvador a cumplir las recomendaciones de la CIDH, entre estas restablecer los derechos constitucionales suspendidos en el régimen de excepción, así como no realizar juicios colectivos y garantizar el derecho de presunción de inocencia en los procesos penales abiertos durante el régimen. Arteaga aseguró que no es posible justificar más el estado de excepción, ya que no es proporcional y que se cometan violaciones sistemáticas de derechos humanos.
No puede ser ignorado por el Estado de El Salvador, tiene señalamientos muy fuertes basados en una investigación muy larga, parte de un monitoreo muy serio. Es una hoja de ruta para que El Salvador restablezca el Estado de Derecho, el debido proceso".
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Leonor Arteaga, DPLF.
Para cumplir las recomendaciones, la CIDH le ofrece al Estado de El Salvador cooperación técnica para superar las situaciones que en se detallan en el informe, destacó la representante de la DPLF. "No puede alegar que se obstaculicen intentos por reducir la criminalidad".
La semana pasada, la CIDH publicó un informe basado en testimonios de 29 supuestas víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellos personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción o familiares de personas que estaban detenidas y murieron en las cárceles.
La CIDH también sugiere al Estado de El Salvador elaborar registros individualizados de las víctimas de violaciones a derechos humanos y también de personas detenidas durante el régimen de excepción.
"Conocía el informe, sigue sin acatar"
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, lamentó que El Salvador no acepte las recomendaciones de la CIDH, ya que conoció del informe desde el año pasado, a través de un borrador.“A pesar de que el Estado salvadoreño conocía del contenido y las recomendaciones, sigue sin aceptar esas recomendaciones. En un comunicado público se expresó de que se iban a valorar para ver si eran o no permanentes. Lamentamos que esa siga siendo la postura del Estado salvadoreño”, dijo.
Lamentó que se recurra a la desacreditación de las víctimas o se cuestione la metodología del informe, ya que esta metodología es la aplicada por la Comisión en 81 informes, es la metodología utilizada en otros países, explicó, en donde no se tiene información disponible, como Venezuela o Cuba.
Las organizaciones rechazaron que el gobierno intente desacreditar el contenido del informe y acepte el reconocimiento de la Comisión de la disminución de los homicidios o algunos delitos. Le pareció contradictorio que el gobierno intente desacreditar el informe a partir de su metodología pero que lo acepte cuando se habla de la disminución de violencia.
Al mismo tiempo de que el Estado salvadoreño parece señalar la falta de transparencia de la CIDH, es este el que en distintos apartados niega la información a la Comisión Internacional, por ejemplo, la Comisión no logra verificar la cantidad exacta de personas privadas de libertad, hombres, mujeres, las edades, ya que esta información es negada por parte del Estado”.
Verónica Reyna, Servicio Social Pasionista.
Para David Morales, de Cristosal de El Salvador, el informe de la CIDH “es hasta hoy el llamado internacional más fuerte para que cesen las violaciones a derechos humanos en El Salvador”. “La tortura es inaceptable en cualquier condición. La sola prolongación del régimen de excepción violenta la Convención Americana de Derechos Humanos... Este es un llamado a la libertad de las personas inocentes”, aseveró.
Morales exhortó también a que El Salvador permita la visita de la CIDH al país para verificar la situación del sistema penitenciario. "Todos los canales privados se ha agotado, el gobierno está bloqueando la visita de la CIDH. Ni las dictaduras del siglo XX llevaban a este extremo. El gobierno actual está legando a ese tipo de extremos", opinó.
La CIDH ha solicitado una visita a El Salvador para verificar la situación penitenciaria. Uno de los comisionados de la CIDH manifestó a El Mundo que esta visita no buscaba verificar la validez del informe, ya que la Comisión no publica información que no esté verificada.
