Para la organización Observa El Salvador, el Tribunal podría afrontar principalmente consecuencias "de carácter administrativo, dadas las obligaciones legales y de funcionamiento" de la entidad. Mencionó que la ley exige que cada institución debe "elaborar su presupuesto para el próximo ejercicio fiscal de que finalice agosto y enviarlo" en septiembre a la Dirección General de Presupuestos de la Asamblea Legislativa. Considera que la importancia del presupuesto es que el presupuesto 2024 donde hubo elecciones, no es igual al que se usaría en 2025.
"La falta de magistrados refleja la ausencia de compromiso con los procesos democráticos del país por parte de la Asamblea Legislativa, dada la importancia del rol que desempeña el TSE en dichos procesos". Observa El Salvador.
Observa considera que otra posible afectación se da en materia partidaria pues la ausencia de autoridades al frente del TSE implica determinada incertidumbre para los institutos políticos en torno a los procedimientos.
Esta organización pidió ayer verificar en todos los candidatos la ausencia de vínculos materiales o formales de los aspirantes con los partidos políticos, "evitando así un nombramiento inconstitucional de los mismos"; exigió publicar hojas de vida, atestados y credenciales de todos los candidatos; y pidió evitar "vicios y deficiencias" en la elección.
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Para el presidente de Tracoda, Luis V. Villaherrera, entre los obstáculos por la falta de juramentación de los magistrados está la parálisis administrativa, organizacional y financiera, además de que no hay quién oriente la planificación para futuros eventos electorales.
Viillaherrera considera que al no haber un representante legal, función que le compete al magistrado presidente, se puede afectar la ejecución financiera y "se corre el riesgo" de no poder cumplir con los contratos adquiridos. Asimismo se aumenta la mora jurisdiccional.
"La ejecución financiera se detiene y se corre el riesgo de no poder cumplir compromisos legales o contractuales del Tribunal, tales como la atención o respuesta en procesos legales". Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que podría haber una afectación en la administración de justicia electoral en casos como "la cancelación de partidos políticos o sanciones de propaganda anticipada".
Sin embargo, aclaró que en materia electoral no afecta que no haya magistrados nombrados porque no se está "en medio de un proceso electoral"; los próximos comicios se celebrarán en 2027 para elegir concejos municipales y diputaciones de la Asamblea Legislativa.
Los nuevos magistrados del organismo colegiado debieron haber sido nombrados por la Asamblea Legislativa el 31 de julio. La institución lleva 20 días acéfala y Nuevas Ideas no ha informado por qué se retiro de agenda el dictamen de la Comisión Política para juramentar a los nuevos jueces electorales. Aliados del oficialismo han aseverado que la elección del Tribunal "no es un tema urgente".
