Dos diputadas de oposición criticaron el proyecto del Ministerio de Hacienda para eximir del Impuesto sobre la Renta a los propietarios de nuevas inversiones en edificios de 35 pisos o más que se construyan en El Salvador.

La diputada suplente Cesia Rivas, del partido Vamos, interpretó la propuesta como una muestra de que la prioridad del gobierno “no es la gente más necesitada” y propuso un incentivo fiscal para construir viviendas sociales.
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“¿Para cuándo un incentivo fiscal para construcción de viviendas sociales?”, preguntó la diputada de oposición. “Vemos cómo los incentivos son para sectores privilegiados y no para los que están ahogándose con el salario mínimo, pagando los mismos impuestos que otros, que ganan hasta 15 veces más que ellos”, expresó, en referencia a la estructura de impuestos en El Salvador que la oposición critica por “regresiva”.

Vemos una desigualdad que está acabando con emprendedores y pequeñas empresas. Se habla de un Estado de Bienestar, ¿pero para quién? Porque el salario mínimo sigue sin aumentarse y a la canasta básica no le quitan el IVA. ¿Para cuando incentivos fiscales para el que produce lo nacional?”.
Cesia Rivas, diputada de Vamos.


De la misma manera, la diputada Marcela Villatoro (Arena) consideró que este proyecto “no es un beneficio para la mayoría” de la población, “sino para un sector élite”.

La diputada ve la necesidad de que los salvadoreños "ya no sigan viviendo en condiciones de hacinamiento y que tengan una vivienda digna". Además, sugirió iniciativas o incentivos como quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica, lo cual afirma "sí ayudaría a toditas las familias salvadoreñas".

Lo que necesitamos es que los precios de alquiler y precios de las casas bajen, que la gente tenga una solución a la situación de vivienda”.
Marcela Villatoro, diputada de Arena.


El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, presentó el 17 de septiembre un proyecto de ley que eximiría por 15 años del Impuesto sobre la Renta las ganancias que tengan los propietarios, sean personas naturales, jurídicas o uniones de personas, que tengan en nuevas inversiones de proyectos inmobiliarios de 35 pisos o más de altura.

El beneficio se daría “únicamente respecto a las utilidades o dividendos provenientes de las actividades incentivadas” y no aplicaría a compradores ni a quienes alquilen estos inmuebles.