La nueva "Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas" aprobada el martes por la Asamblea Legislativa obligará a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a que entregue al Ministerio de Hacienda un estudio actuarial del sistema de pensiones en El Salvador.
Un estudio actuarial de pensiones incluye proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema tomando en cuenta factores como la edad de jubilación, esperanza de vida, aportaciones o cotizaciones de los empleados y empleadores, así como obligaciones futuras del sistema.
El artículo 20 de la nueva normativa explica que el Ministerio de Hacienda accederá a esta información "con el objetivo prioritario de incorporar las cifras" sobre pensiones "en las proyecciones fiscales" del Estado salvadoreño.
La nueva ley, uno de los compromisos que asumió El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le establece límites de endeudamiento público con deuda de pensiones en 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, 75 % para 2035 y 70 % para el año 2045.
La deuda pública total con pensiones de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones al cierre del año 2024, un 89.2 % del PIB. La deuda estatal con el Fondo de Pensiones llegó a $10,525.96 millones al cierre de 2024 y ya supera los $10,742.22 millones hasta abril de 2025.
ISP deberá informar a Hacienda
Además del informe actuarial, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) deberá entregar toda la información que el Ministerio de Hacienda le requiera.
Una de las obligaciones del Ministerio de Hacienda será elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) –dentro del plazo de tres meses– que contendrá una programación fiscal y un marco para el presupuesto estatal y el endeudamiento del Estado. El MFMP "deberá especificar la trayectoria de la deuda con pensiones".
Hacienda únicamente podrá corregir en un plazo máximo de dos años "los excedentes de deuda con pensiones sobre la trayectoria esperada".
En un acuerdo por $1,400 millones, el gobierno salvadoreño se ha comprometido con el FMI a publicar "una evaluación actuarial independiente" a finales de julio de 2025 y una propuesta de reforma al sistema de pensiones el 10 de febrero de 2026.
Las autoridades, según el FMI, reanudarán las evaluaciones de la sostenibilidad del sistema de pensiones "para cuantificar los riesgos de la garantía" sobre "todas las solicitudes públicas y privadas relacionadas con pensiones y para fundamentar la toma de decisiones".
El compromiso con el FMI incluye la contención de "posibles costos fiscales asociados con la reforma de pensiones de 2022, que aumentó las prestaciones, desvinculándolas de los saldos acumulados en cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del anterior sistema público de reparto.
