Una nueva Dirección de Mercados Nacionales, cuyo director y subdirector serán nombrados por el presidente de El Salvador, adjudicará y definirá las tarifas de arrendamiento para los puestos en los mercados o locales comerciales que hayan sido intervenidos o construidos por el Órgano Ejecutivo.
Los puestos no podrán ser subarrendados.
La "Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos", aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El cobro de las tarifas por arrendamientos de puestos de los llamados "mercados nacionales" –intervenidos por el Ejecutivo– será potestad exclusiva de la Dirección de Mercados Nacionales. La normativa prohíbe expresamente que la municipalidad cobre "tasas o contribuciones a los arrendatarios de puestos de venta o de locales comerciales" y aclara que será la Dirección la que se encargará de los mismos.
La adjudicación de puestos tendría dos prioridades: "los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado o los locales" y los "grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado" según el artículo 31.
La ley no establece criterios para definir las tarifas, fueron eliminados criterios que habían sido incluidos en el proyecto original, como las dimensiones del puesto, la ubicación y el flujo de personas. También se eliminó el mecanismo de la subasta al mejor postor.
Con esta ley, las municipalidades deberán entregar en comodato –por 50 años renovables– a la nueva Dirección los mercados construidos o remodelados por el Ejecutivo y estas inversiones serán declaradas de "utilidad pública e interés social".
La Dirección de Mercados Nacionales, que presupuestariamente estará en la Presidencia de la República, podrá adquirir préstamos a mediano y largo plazo, internos y externos.
Esta nueva entidad deberá velar por el orden de los mercados, podrá sancionar a los arrendatarios e incluso notificar a la Fiscalía General y revocar adjudicaciones de puestos a personas "naturales o jurídicas legalmente constituidas" que no tengan antecedentes policiales ni penales.
La ley fue aprobada la tarde del jueves con 57 votos de diputados de Nuevas Ideas, partido de gobierno, en medio de una discusión, en la cual diputados oficialistas señalaron que la situación de los mercados, en donde dominaban las pandillas, es herencia de gobiernos anteriores; mientras, la oposición aseveró que la ley aprobada viola la autonomía municipal y que el gobierno terminará por eliminar a las municipalidades para dejar solo las 14 gobernaciones.
Uno de los mercados que ha sido intevenido por el Órgano Ejecutivo es el mercado San Miguelito, que fue consumido por un incendio el 22 de septiembre de 2021. Inicialmente, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) le adjudicó la construcción del mercado a la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores el 28 de octubre del 2022, por $33.6 millones, y posteriormente fue asumido por la empresa argentina IME S.A de C.V que se dedica a estructuras metálicas.
