El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ya contabiliza en el segundo quinquenio del actual gobierno y en alcaldías un total de 2,250 despidos: 450 en las alcaldías de San Salvador Centro, San Salvador Sur y La Paz Este, 900 en el Ministerio de Cultura y 900 en la Asamblea Legislativa, incluidos activistas de Nuevas Ideas, "sin respetar el debido proceso”, dijo el líder de esta organización, Héctor Rodríguez.

En conferencia de prensa, este sábado el movimiento pedirá que se pague la indemnización inmediata de los trabajadores despedidos del Ministerio de Cultura y exhortará a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que agilice la visita de verificación sobre las denuncias interpuestas por dicho movimiento.


Según Héctor Rodríguez, en el primer quinquenio contabilizaron "más de 20,000 despidos ilegales", 14,000 en 46 dependencias de gobierno, 4,444 en 25 exalcaldías gobernadas por el oficialismo y 2,550 en la Asamblea Legislativa y el Ministerio Público.

Recientemente, la Asamblea Legislativa incorporó $4,749,581, de los cuales se destinarán $141,624 a la Dirección Superior del Ministerio de Cultura; y $4,607,957 a la unidad presupuestaria “Fomento y conservación de la cultura y el arte”, línea de trabajo “Servicios de protección, conservación, formación, producción y difusión de la cultura y el arte”. Según el decreto aprobado el 20 de agosto, los fondos se utilizarían para indemnizar a 308 empleados con una compensación del 100 por ciento de su salario por cada año laborado o fracción que exceda de 6 meses hasta un monto máximo de $20,000.

Piden libertad de sindicalistas

Los miembros del MTD exigieron la libertad de los sindicalistas Sabino Ramos, Giovanni Aguirre y Misael Itamar Gómez, quienes según el movimiento únicamente han defendido derechos de la clase trabajadora.

Rodríguez dijo que hay una “campaña de persecución política contra fuerzas progresistas defensoras de los derechos humanos" y un irrespeto al derecho a la libre sindicación y el fuero sindical de 285 líderes sindicales, de los cuales denuncian 209 despidos arbitrarios, 59 suspendidos y 17 encarcelados, 13 se encuentran con medidas sustitutivas. Así mismo, condenaron la muerte del sindicalista José Leónidas Bonilla, "un crimen de lesa humanidad”.

También, hacen un llamado a los trabajadores del sector público a “fortalecer la organización y unir fuerzas para demandar el derecho a la estabilidad laboral, a la libre sindicación, al fuero sindical, al contrato colectivo de trabajo y a la entrega de una compensación económica justa y equitativa para las personas que han cumplido con la edad de retiro”.

Exhortan a OIT a agilizar visita

El movimiento solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que agilice la visita de verificación sobre las denuncias interpuestas por diversas organizaciones sindicales por supuestos despidos arbitrarios, suspensiones, incumplimiento en el retraso de entrega de credenciales por parte del Ministro de Trabajo, desarticulación de las instancias tripartitas, irrespeto al fuero sindical, negativa a la suscripción de los contratos colectivos de trabajo y el incumplimiento al ajuste del 25% al salario mínimo.

Respecto a la revisión del salario mínimo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo el 27 de agosto que “no está en debate”, y que será cuando “el presidente lo estime conveniente”, se revisará. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, un ente tripartito conformado por representantes del sector empleador, empleados y laboral, tiene la atribución para proponer los ajustes salariales. Sin embargo, este ente no se encuentra activo.