Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se unieron este lunes 15 de septiembre en la conmemoración de los 204 años de independencia de la Corona española con un acto cívico.
La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, se vistió con una blusa que tenía la bandera y el escudo de El Salvador.
En un mensaje oficial, el TSE expresó que reafirman “el valor” de la democracia bajo la consigna “dios te salve, patria sagrada”.
“En la fecha de nuestra independencia, también se celebra el Día Internacional de la Democracia, recordándonos que cada voto es la voz viva de nuestra libertad. Participemos con respeto y compromiso, ejerciendo nuestro derecho al sufragio en las elecciones de 2027, donde la voluntad del pueblo se expresará en las urnas”, indicó el mensaje oficial del árbitro electoral salvadoreño.
Al acto cívico asistieron los magistrados propietarios Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Cecilia María Marroquín Castro, Karla Cecilia Guandique Miranda, Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez y la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
También asistieron los magistrados suplentes Karen González de Girón, Irvin Castillo López, Mario Antonio Alas y Francisco Fernando Molina Castro.
Según la cuenta oficial de la institución electoral, Soriano afirmó que “no es casualidad” que coincida la conmemoración de la independencia y el día internacional de la democracia.
“Ambas nos invitan a reconocernos como un pueblo libre pero también responsable de forjar su propio destino”, expresó.
En el acto cívico, al cual no convocaron a la prensa, participaron estudiantes del Instituto General Francisco Menéndez (Inframen), uno de los centros educativos más grandes de San Salvador.
El 28 de febrero de 2027 se realizarán elecciones presidenciales, además de las legislativas y municipales, debido a que las reformas a la Constitución de la República que habilitaron la reelección presidencial consecutiva indefinidamente adelantaron las presidenciales a 2027, con el fin de extender el periodo presidencial de cinco a seis años. Las reformas son rechazadas por inconstitucionales por la oposición –Arena, Vamos y FMLN– y organizaciones sociales.
