Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que forman parte de la Comisión de Abogacía y Notariado han discutido sin llegar a un acuerdo la posibilidad de disminuir el año mínimo de suspensión a los notarios que hayan sido sancionados por una tardanza de tres a seis meses en entregar sus libros de protocolo a la CSJ, es decir, en casos en donde las sanciones aplicadas no sean proporcionales.

Actualmente, la Ley Orgánica Judicial faculta a la Corte Plena a imponer sanciones de suspensión e inhabilitación de uno a cinco años a abogados y notarios por incumplimientos de sus obligaciones profesionales, negligencia, ignorancia, mala conducta o delitos.


El magistrado Henry Alexander Mejía, miembro de la Comisión de Notariado, informó el lunes que cada semana la Corte está suspendiendo “entre 8 y 16” abogados; y que hay "960 abogados y notarios que se han suspendido más de un año".

“Incluso se ha discutido de poderle bajarle el año en aquellos casos que no sean proporcionales; una tardanza de tres meses o seis meses de entrega de libros de protocolo, que creo que en esos casos no es es proporcional el año (de suspensión), pero en ese caso no hemos concretado, no hemos puesto de acuerdo”, fueron las palabras del funcionario de la CSJ.

Lamento decirlo, cada semana sancionamos entre 8 a 16 notarios por incumplimiento de entrega de libros de protocolo y por negligencia grave, porque hace falta firma o firmas, o porque los notarios estampan el sello y no la firma, no están firmadas por los otorgantes”.
Henry Mejía, magistrado suplente de la CSJ.

Mejía fue llamado el 7 de diciembre de 2022 para llenar la vacancia por renuncia del magistrado Enrique Peña y ayer fue entrevistado como candidato a magistrado propietario de la CSJ por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Dentro de la Corte, además, forma parte de las comisiones de Extradición, Ética y Probidad, y de Jueces.

En mayo pasado, Diario El Mundo informó que la Corte mantiene a 754 abogados y notarios suspendidos e inhabilitados. Ayer el magistrado Mejía relató cómo decidieron imponer las sanciones y habló de “una encrucijada”.

“En la Comisión, estábamos en una encrucijada por el alto número de notarios que habían incumplido en la entrega tardía del protocolo y había una disparidad de criterios al imponer sanciones, ya que la Ley Orgánica Judicial se refiere que impondrá ponerse una sanción de inhabilitación de un año a cinco”, relató.

El funcionario advirtió que “había casos bastante extremos, donde por un lado había notarios que se habían tardado dos años y otros hasta 20 años” pero señaló que la Comisión de Abogacía y Notariado hizo un análisis “dosimétrico” de “cuánto podría imponérseles” de años de sanción, basados en criterios de “proporcionalidad, ponderación y necesidad”.