Sin discusión, la Asamblea Legislativa prorrogó el miércoles la aplicación de la nueva Ley de Energía Nuclear hasta el 28 de junio de 2026, con lo cual ya no iniciará su vigencia el próximo 28 de octubre de 2025.
En su solicitud, el gobierno argumentó que, con la prórroga, busca la “armonización del marco normativo nacional con los estándares internacionales aplicables” en recomendación con los organismos especializados para “garantizar la correcta aplicación de la normativa nuclear”.
El dictamen fue aprobado el 22 de agosto por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, pero no había sido sometido a votación en las sesiones plenarias del 27 de agosto y del 3 de septiembre.
En comisión, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió una explicación sobre la prórroga y sugirió citar a un representante del Organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador” (OIPEN). En esa ocasión, la diputada Dania González respondió: “Se toma nota”.
La Ley de Energía Nuclear fue aprobada el 22 de octubre de 2024 y publicada el 28 de octubre de 2024, por lo que iniciaba su vigencia 365 días después de su publicación, es decir, el 28 de octubre de 2025.
La Asamblea aprobó en julio de 2024 la “Ley de creación del Organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador” (OIPEN)”, para desarrollar los estudios de instalación de plantas nucleares en El Salvador.
El Salvador se ha comprometido con Estados Unidos a cooperar para el desarrollo de la infraestructura nuclear y promover proyectos de investigación para el “uso responsable de la energía nuclear”. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que están “ansiosos por ampliar la cooperación nuclear civil con otros socios del hemisferio occidental”.
Recientemente, la Asamblea Legislativa excluyó las plantas nucleares de los permisos que debe otorgar la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT); permisos que son competencia de la Dirección de Energía de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), que también deberá concesionar y someter a licitación proyectos de explotación geotérmica en El Salvador.
