El "ministro de Hacienda", "Jerson Posada Molina", pidió el lunes a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $5.4 millones de un préstamo para la construcción de cocinas industriales de los centros penales y mejorar el control de los privados de libertad del programa Cero Ocio con dispositivos electrónicos.

Un total de $1,483,776 se destinarían al refuerzo del proyecto 8447 de "Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional". Estos más de $1.4 millones "servirán para cubrir órdenes de cambio de los contratos de obra y supervisión", según la solicitud.

Con el refuerzo, el costo de las cocinas industriales sería de $5,137,051 y ya no $3,653,275.

Hacienda solicitó que los restantes $3,945,168 se destinen al proyecto 8860 "Suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad a nivel nacional".

Con estos fondos, el gobierno busca proveer a la "Dirección General de Centros Penales" de "un sistema de dispositivos electrónicos que conectará los brazaletes a un centro de monitoreo con tecnología que permitir un control más eficiente sobre las personas privadas de libertad que participan en el Programa Cero Ocio".

La solicitud del Ministerio de Hacienda será estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el próximo lunes.

El gobierno no ha informado cuántos privados de libertad tienen actualmente brazaletes electrónicos en El Salvador, sin embargo, se han realizado gestiones presupuestarias relacionadas. El 6 de septiembre de 2023, el gobierno solicitó $315,000 para contratar el servicio de telecomunicaciones para el "Sistema de vigilancia para privados de libertad a través de dispositivos electrónicos". También, el 7 de noviembre de 2023, el Gobierno pidió incorporar $33.4 millones para alimentación en los penales y comprar brazaletes electrónicos.

En agosto de 2019, Seguridad anunció que colocarían 1,800 brazaletes electrónicos a reos en granjas penitenciarias e informó que en 2018 se habían fugado 54 internos.

Para todo el año 2025, se han previsto $72.3 millones, de los cuales ya se ejecutaron $33.7 millones en los primeros tres meses del año.

Sin embargo, un recuente desde el año 2024 muestra que la ejecución presupuestaria en las cárceles siempre ha superado la cantidad programada: $165.4 millones en 2024 cuando se programaron $71.2 millones; $138.4 millones en 2023 cuando se programaron $57.5 millones; y $71.5 millones en 2022, cuando se programaron $53.8 millones.