La iglesia católica salvadoreño descartó el martes que piense imponer sanciones a los funcionarios que han promovido o aprobado la nueva Ley general de minería metálica en El Salvador, al contrario, jerarcas religiosos aseguraron que la entrega de 150,000 firmas de ciudadanos para pedir la derogatoria de la normativa es un "llamado pacífico".

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Al ser consultado sobre posibles sanciones a funcionarios, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, respondió que no están en disposición de imponer medidas por la aprobación de la ley minera y explicó que la entrega de las firmas es "un llamado a la Asamblea Legislativa en su conciencia para que hagan el bien".

El líder religioso indicó que "la iglesia no está para sancionar", que no es su objetivo "estar amenazando, ni nada parecido" y que para sancionar existen "las leyes civiles". Definió a la iglesia como "una madre que se preocupa por el bien de sus hijos". "Esto nos mueve en el bien de los hijos, en el bien de todos", subrayó.

"La iglesia no está para sancionar, no, no es nuestro objetivo y nunca vamos a estar amenazando ni nada parecido. Hay leyes, las leyes civiles, etcétera, y hay otros mecanismos, pero la iglesia es más bien una madre que se preocupa por el bien de sus hijos". José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.

Escobar Alas reiteró que "es un llamado pacífico, un llamado humilde podríamos decir" y que solo han advertido "el posible mal que se haría si se explotan las minas" en El Salvador. "Hemos hablado para que se evite, no vamos a ir más allá de eso... Siempre será un llamado de carácter pastoral y, si se quiere, con autoridad moral pero no para exigir".

El también presidente de la Conferencia Episcopal agradeció al pueblo por "la respuesta inmediata" en la recolección de firmas que se realizó del 7 de febrero al 5 de marzo en parroquias católicas y templos evangélicos.

Aunque dijo desconocer "qué va a suceder" con su petición aseguró que están "pidiéndole a Dios" y que esperan que "el Señor... va a mover las voluntades y va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo".

La Conferencia Episcopal de El Salvador sostuvo que su petición de derogación no tiene intereses político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común y de los más vulnerables.