Así, El Salvador se coloca en el peldaño 148 de Estado de Derecho, en un ranking en donde Dinamarca ocupa el primer lugar con un índice de 0.911 y Venezuela el último, con 0.081. En derechos humanos se coloca en el lugar 155 con un índice de 0.249; en representación, en el lugar 94, con 0.499; y en participación, en el lugar 109, con un índice de 0.475.
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El indicador de representatividad se basa en condiciones de elecciones libres, libertad de organización a través de partidos políticos, eficacia legislativa; el indicador de derechos se basa en condiciones de sistema legal justo, respeto a las libertades civiles, entre otros.
La investigación asevera que el presidente de la República, Nayib Bukele, "ha descarrilado sistemáticamente los controles democráticos sobre el poder". Con estos señalamientos, IDEA hace referencia a la reinterpretación que realizó la Sala de lo Constitucional a la Constitución de la República para habilitar la reelección inmediata de Bukele; el retraso del Ministerio de Hacienda que denunciaron partidos políticos en la entrega de la deuda política a partidos opositores y la institución del régimen de excepción que restringe derechos de los ciudadanos.
El informe indica que en la región del continente americano, varios jefes de Estado "han utilizado su poder para restringir severamente los derechos" en la búsqueda por abordar la violencia de sus países, lo que conlleva "impactos claros en los procesos democráticos" de sus naciones.
"El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha descarrilado sistemáticamente los controles democráticos sobre el poder al debilitar los límites de mandato, privar a la oposición de financiación, intimidar a la prensa e instituir un estado de emergencia que le ha permitido restringir severamente los derechos humanos".
IDEA Internacional en su informe "Estado Global de la Democracia 2024".
La organización realizó una medición comparativa en el índice de "Partidos políticos libres", en el que se evidencia como países como Afganistán, Bielorrusia, Myanmar y Nicaragua con "situaciones ya graves empeoraron más", mientras que se enfatiza en que en El Salvador y Guatemala "también hubo disminuciones".
Por otro lado, el informe evaluó el factor de "Independencia judicial", en el que revisa "la medida en que los tribunales no están sujetos a una influencia indebida de las otras ramas del gobierno" particularmente del Órgano Ejecutivo.
En este sentido, el informe asegura que El Salvador es uno de los países con bajo rendimiento y que han experimentado "las peores disminuciones en independencia judicial y la ejecución predecible". En esta categoría, también se encuentra Afganistán, Myanmar y Túnez.
En El Salvador, los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos de su cargo por la Asamblea Legislativa gobernada por Nuevas Ideas y fueron nombrados cinco nuevos magistrados que fueron posteriormente incorporados a la Lista Engel por avalar la reelección presidencial para el presidente Bukele, quien seguirá en el poder hasta 2029.
¿Desafíos para la democracia?
El director del Instituto Nacional Demócrata (NDI) para Centroamérica, Eduardo Núñez, aseveró que ahora en día "las principales amenazas" para la democracia no "son los golpes de Estado" sino los golpes desde Estado, es decir, la práctica de nuevos gobernantes de acceder al poder democráticamente "que utilizan la legitimidad de origen ganada en las elecciones para concentrar el poder".Núñez mencionó que estos gobernantes buscan quedarse con todo el poder "aboliendo, limitando o eliminando los sistemas de frenos y contrapesos" y aseguró que esto ya "lo estamos viendo en varios países de la región en los últimos años".
Además, indicó que uno de los mecanismos aplicados para este fin es "la polarización", no como diferenciación ideológica sino "en el miedo a la diferencia". La ampliación de la oposición permite a este tipo de mandatarios que este término ya no se use solo para un contendiente electoral sino "que la oposición es cualquier poder autónomo que no esté alineado con mi agenda".
Con esta técnica, los jefes de Estado que buscan concentrar el poder pueden llamar oposición a cualquiera que piense diferente. "La oposición puede ser la justicia, la oposición puede ser la autoridad electoral, la oposición puede ser la sociedad civil, la oposición puede ser la prensa, la oposición es cualquiera que no esté alineado, cualquier actor de poder o no, principal o marginal que no se alinee con mi agenda de concentración de poder", afirmó.
Explicó que, al llamar oposición a diversos sectores, los mandatarios optan por "procesos de cierre del espacio cívico" tan brutales como en Nicaragua o "quirúrgicos de persecución" hacia periodistas, aplicadores de justicia, dirigentes comunitarios, líderes de movimientos sociales, operadores de derechos humanos o representantes de la autoridad electoral.
