El Ministerio de Hacienda reportó una ejecución al cierre del año 2024 de $38,469,500 como "complemento deuda política", es decir, el financiamiento que el Estado le otorga a los partidos políticos por los votos recibidos en las elecciones de inicios de 2024.
Según el "Estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos por unidades primarias y rubros de agrupación", incluido en la "Liquidación del último presupuesto aprobado", el complemento de la deuda política se ubicó en el rubro de "Transferencias corrientes".
La cantidad ejecutada o gastada según este informe difiere de la ejecución reportada en la tabla dinámica del Portal de Transparencia Fiscal, que registra una ejecución de $14.2 millones de un total de $38.7 millones, es decir, un 36.7 %.
El cargo de la deuda política se encuentra dentro de la unidad presupuestaria “Obligaciones generales del Estado”, partida que tiene un presupuesto modificado de $974.9 millones para el año 2024, de los cuales se ejecutaron un total $264.5 millones, un 27.1 %.
La deuda política está eliminada desde el 6 de marzo de 2025, fecha en que inició la vigencia de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, luego de que la Asamblea Legislativa acordara el mecanismo rápido de reforma constitucional en una sola legislatura y estrenara dicho mecanismo con la eliminación de la deuda política.
Durante 10 años, los partidos políticos recibieron $160 millones en financiamiento público y privado.
Obligaciones generales del Estado aumentó, pero terminó con baja ejecución
El gasto de la deuda política se ubicó dentro de la unidad presupuestaria de Hacienda "Obligaciones generales del Estado", que si bien inició con un presupuesto de $141.3 millones terminó con casi $1,000 millones –$974.9 millones según el informe y $1,029.4 millones según la tabla dinámica del Portal de Transparencia.
En esta partida presupuestaria también se incluyen gastos en clases pasivas, aportes al régimen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a importadores, seguro de vida de empleados públicos y devolución de Impuesto sobre la Renta.
Hasta el 10 de octubre de 2024, la asignación modificada de obligaciones generales del Estado había subido a $1,608.1 millones, pero solo se había ejecutado $171.2 millones, con un disponible o no ejecutado de $1,436.3 millones, es decir, un 10.6 % devengado.
A febrero de 2025, se han previsto $111.7 millones para todo el año y la partida ha crecido a $141.2 millones, ya se ejecutó $49.8 millones.
¿Qué no se ejecutó?
En la tabla interactiva del Portal de Transparencia, se tenía un presupuesto programado modificado de $1,029.4 millones para obligaciones generales del Estado.
Se han ejecutado casi totalmente las "clases pasivas" (pago de pensiones a funcionarios públicos y familiares) por $12.2 millones y aportes al ISSS por $571,428.57.
Las contribuciones a organismos internacionales sumaron una ejecución de $78.2 millones de $99.5 millones.
Sin embargo, la provisión para devolución de ingresos de años anteriores creció a $337.2 millones, de los cuales se ejecutaron apenas $4.3 millones; el monto para devolución de IVA a importadores creció a $419.2 millones pero únicamente se ejecutaron $3.3 millones. La programación inicial era $2.5 millones.
Para seguro de vida de empleados públicos, de $500,000 se ejecutaron $332,365.57 y para el pago de las pensiones de los beneficiarios del Instituto del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) Hacienda transfirió $114.1 millones, de los cuales se ejecutaron $112.8 millones.
