El acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó el compromiso para la presentación de una nueva Ley de prevención contra el lavado de dinero y de activos ante la Asamblea Legislativa para agosto de 2025 y establece la publicación de las declaraciones de bienes de los altos funcionarios públicos a finales de 2026.
Según el informe del FMI 25/190, publicado el 15 de julio, el gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa, antes de agosto de 2025, una nueva Ley de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés), así como las reformas necesarias para que el sistema antilavado para los proveedores de servicios de activos virtuales cumpla con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La fecha prevista anteriormente era diciembre de 2025.
La recomendación 15 del GAFI sugiere a países e instituciones identificar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo por “nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo”, incluidos activos virtuales, cuyos proveedores deben estar regulados para prevenir el lavado y tener licencia o registro.
La nueva ley antilavado promete someter “a abogados, notarios, contadores y auditores a un marco de monitoreo basado en riesgos” y “exigirá la presentación y actualización según sea necesario de información sobre el beneficio final” de “todas las personas jurídicas y estructuras registradas en El Salvador”.
Además de la ley antilavado, el acuerdo incluye la aprobación de una ley para fortalecer la regulación y supervisión de las criptomonedas a mediados de diciembre de 2025.
En su más reciente informe, luego de la primera revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), sobre la consulta del artículo IV de 2025, el FMI indica que los resultados de los programas en El Salvador han sido sólidos, que la economía ha “seguido expandiéndose”, se siguen “corrigiendo desequilibrios macroeconómicos” y que “las reformas de la gobernanza y transparencia se están llevando a cabo en consonancia con los compromisos del programa”.
Pero, según el director gerente adjunto y presidente interno del FMI, Nigel Clarke, “deben continuar las medidas para fortalecer al gobernanza y la transparencia” y debe haber “una aplicación coherente e imparcial de la nueva Ley Anticorrupción", que fue aprobada el 7 de febrero pasado por la Asamblea Legislativa, "junto con los esfuerzos para reforzar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en consonancia con las mejores prácticas internacionales”.
Clarke, según el comunicado del FMI, señala que también falta “elevar los estándares de información fiscal y transparencia sobre los contratos públicos y mejorar el acceso a la información pública”.
En el informe El FMI insta a “seguir mitigando” los riesgos del bitcoin, a una “pronta reversión de la participación del sector público en la billetera electrónica del gobierno” y a “mejorar la supervisión de los criptoactivos para mejorar la protección de los consumidores e inversores”.
