La apuesta del gobierno es tener un reactor nuclear dentro de siete años, en el año 2030, capacitando antes a 400 personas.
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El proyecto entregado por la ministra plantea la creación de la Dirección de Regulación de Energía Nuclear, y la Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear, que estarían bajo la Dirección General de Energía.
Si el proyecto se aprueba tal como está presentado, la Dirección de Energía será la que dará las licencias, aplicará las sanciones y tendrá un Registro Nacional de Fuentes de Radiación en El Salvador.
Las solicitudes para realizar actividades nucleares se presentarán ante la Dirección de Regulación, que abrirá un plazo no mayor de 15 días hábiles para que cualquier interesado presente “oposición” a la autorización, para que se instale una audiencia en un plazo máximo de 10 días hábiles y resuelva en otro periodo de 10 días.
La ley indica que, en caso de incidentes y/o accidentes nucleares, los operadores de las instalaciones nucleares serán los "responsables" de dar una compensación a las víctimas y remediar los daños ambientales, y también establece que el Estado debe tomar medidas de protección contra los riesgos.
El proyecto contempla la creación de un Programa Nacional de Inspección y Control de Actividades, Instalaciones y Prácticas Autorizadas, planes de preparación y respuesta para casos de emergencia que deberán tener los operadores de las instalaciones nucleares, un Plan Nacional de Emergencia Nuclear; además de una Política y una Estrategia Nacional en Materia de Desechos Radiactivos y Combustible Gastado de Energía Nuclear.
Las sanciones que podrá imponer la Dirección General de Energía –por infracciones como negarse a una inspección u operar sin licencia– oscilarían desde $10,000 hasta el 10 % del costo final de la instalación nuclear y la revocación de la licencia.
El proyecto establece una responsabilidad civil mínima de $150 millones ante daños nucleares en personas, bienes y medio ambiente, aunque los derechos de indemnización, según el proyecto presentado, se extinguirían en 10 años.
En julio de 2024 la Asamblea Legislativa dio vida al Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y derogó la Ley Orgánica de la Comisión Salvadoreña de Energía Nuclear de 1961que daba participación de la Universidad de El Salvador (UES) en dicha comisión junto a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el Ministerio de Economía. Esta normativa derogada declaraba "zonas restringidas" a ciertos lugares donde hubiera riesgo para la salud y la seguridad pública.
El OPEIN, que inició su vigencia el 16 de julio, firmó en octubre un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina que permitiría misiones de científicos y entrenamiento a El Salvador. La CEL proyecta que el 26 % de la energía generada en El Salvador sea nuclear en el 2050.
El 31 de enero de 2024, El Salvador ratificó la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, aprobada por el Ejecutivo el 19 de enero, cuya entidad depositaria es el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA en español o IAEA en inglés). Esta Convención busca garantizar indemnizaciones por daños incluso transfronterizos causados por incidentes nucleares en instalaciones nucleares.
Antes, El Salvador también ratificó el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del OIEA, instrumento que le fue entregado al OIEA junto a la Convención de Viena ratificado y un Convenio sobre Seguridad Nuclear al director general del OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi, algo que fue informado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele a través de X.
