El gobierno está preparando una reforma integral de la administración pública en El Salvador como parte del calendario de reformas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el memorando actualizado de políticas económicas y financieras, el acuerdo con el FMI proyecta que la reforma a la administración pública en El Salvador reduzca la masa salarial en alrededor de 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027.
La propuesta de reforma integral del servicio civil será publicada en septiembre de 2025 y su proyecto sería presentado ante la Asamblea Legislativa en el año 2026.
Actualmente, se está elaborando una «estrategia amplia de reforma de la administración pública» con asistencia técnica del Banco Mundial. El documento «que ilustre los principales objetivos y el programa de trabajo para preparar dichas reformas» será publicado a «finales de septiembre de 2025».
El proyecto de ley será presentado «a más tardar a mediados de 2026».
El objetivo de la reforma sería «armonizar el sistema de compensación para garantizar que los salarios públicos estén relacionados con la productividad y las calificaciones de los funcionarios públicos», así como «aplicar criterios más estrictos para la contratación», y que se eviten «expansiones innecesarias del empleo público».
Los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas deben continuar especialmente a través de una mayor racionalización de la masa salarial y otros gastos corrientes». Nigel Clarke, director gerente adjunto, presidente interino del FMI.
La masa salarial estatal ascendió a $885 millones a finales de marzo, «muy por debajo» de la proyección de $918 millones. Para el primer trimestre de 2026, la meta de masa salarial es $924 millones.
A diciembre de 2025, se ha proyectado una masa salarial de $3,964 millones, como «criterio cuantitativo de desempeño» (QPC) acumulado.
Según el FMI la reforma a realizarse en el servicio civil debe ser «integral», ya que es uno de los elementos, junto a la reforma de pensiones, que apuntalarían el ajuste fiscal «más allá de 2025».
El Fondo reconoció que el plan de consolidación fiscal se ha visto respaldado por «las restricciones a la contratación» y registró una reducción de «más del 20 por ciento en la masa salaria en el primer trimestre de 2020», un 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
