En el inciso 1 del artículo 6 de la Ley Penitenciaria, se eliminaría que el juez controle el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario y se agrega:
“En el caso de personas condenadas con base en la Ley contra el Crimen Organizado, serán los Tribunales y Cámaras contra el Crimen Organizado los competentes para cumplir esta función. Las autoridades judiciales indicadas también controlarán el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario”.
Luego, sobre las atribuciones del juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, el ministro solicitó agregar un artículo 37-A, que establezca que las competencias de ejecución "en la aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado está conferida a los Tribunales y Cámaras contra el Crimen Organizado".
También, pide incorporar en los centros penitenciarios un sector "para personas menores de dieciocho años de edad procesadas por delitos" del artículo 15 de la Ley Penal Juvenil: los condenados por agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los contemplados en la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas; y estos sean cometidos por miembros de grupos terroristas, maras, pandillas o cualquier otra agrupación criminal a las que se refiere el artículo 1 de la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal.
La reforma, si se aprueba, también agrega a los menores de 18 años en los Centros de Cumplimiento de Penas y establece que los adultos estarían "alojados en centros distintos a los destinados para adultos mayores a esa edad o en todo caso en secciones especiales”.
También, el Gobierno pide que en la ley se establezca que no solo los menores de 18 años condenados, sino los detenidos provisionalmente, sean separados de los mayores de edad.
Esta iniciativa, junto con otras tres propuestas del Gobierno sobre delitos de corrupción, Ley contra el Crimen Organizado y Ley Penal Juvenil, serán conocidas en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.
Las cuatro iniciativas presentadas por el Gobierno sobre seguridad
Reformas a la Ley Penal Juvenil: esta reforma busca regular lo relativo a los centros de cumplimientos de penas impuestas a menores de edad y la autoridad encargada de ellos. Piden que la ley permita internar a los menores de edad en los centros penitenciarios, pero separados por pabellones.Reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado: esta reforma busca regular lo relativo a la autoridad judicial competente para controlar la fase de ejecución de la pena impuesta en el marco de la referida ley.
Reformas a la Ley Penitenciaria: busca que los jueces del crimen organizado sean los encargos de vigilar la ejecución de la pena, es decir, regular la autoridad judicial competente para ejecutar las sentencias condenatorias impuestas en el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado y la autoridad administrativa encargada de los centros de cumplimiento de penas de prisión impuestas a menores de edad.
Reformas al Código Penal: aumenta penas para delitos de corrupción. Esta reforma busca adaptar y actualizar la legislación penal a la realidad actual y a las exigencias del Derecho Internacional, con el fin de establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como para los particulares que instigan o facilitan la realización de actos ilegales que impliquen sustracción de fondos públicos, contribuyendo a la corrupción estatal.
