“El objeto es adaptar y actualizar la legislación penal a la realidad actual y a las exigencias del Derecho Internacional, con el fin de establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como para particulares que instigan o facilitan la realización de actos ilegales que impliquen la sustracción de fondos públicos o la corrupción estatal”, explica la iniciativa.
En el caso del delito de enriquecimiento ilícito establecido en el artículo 333 del Código Penal cambiaría su redacción y queda de la siguiente manera:
“El funcionario público, empleado público, servidor público, agente de autoridad o autoridad pública que obtuviere un incremento patrimonial significativo no justificado respecto de todos sus ingresos legítimos, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, será sancionado con prisión de cinco a quince años”; actualmente tiene una pena de tres a diez años.
El delito de negociaciones ilícitas establecido en el artículo 328 también cambia su redacción y su pena máxima que es de hasta ocho años, con la reforma aumentaría la pena de 12 a 15 años.Delitos como malversación en el artículo 332, el Código Penal actual no contempla prisión, solo establece que "será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa". Si del hecho resultare algún provecho personal para sí o para un tercero, la sanción será de unos a tres años de prisión, inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo”.
La reforma agrega a la autoridad pública, servidor público o agente de autoridad y pide que la pena sea de tres a seis años de prisión.
Pero, además que, si se generare un perjuicio al patrimonio del Estado o municipalidades o entidades con fondos públicos que la pena sea de seis a nueve años.
Y, si del hecho resultare algún provecho personal para sí o para un tercero, la sanción será de nueve a doce años de prisión e inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo.
El pliego de reformas que enlista varios delitos y sus aumentos de penas serán conocidos por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.
Los aumentos de las penas solicitados por el Gobierno a la Asamblea Legislativa
[Delito, pena actual y propuesta de reforma]Actos arbitrarios: De 2 a 4 años - De 3 a 6 años.
Desobediencia: De 6 meses a 1 año - De 3 a 6 años
Denegación de Auxilio: De 6 meses a 2 años - De 3 a 6 años
Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 4 a 6 años - De 6 a 9 años
De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:
Peculado: De 6 a 8 años - de 6 a 9 años
Peculado por Culpa: De 2 a 3 años - De 3 a 6 años
De 3 a 5 años - De 6 a 9 años
Negociaciones ilícitas: El máximo 8 años - De 12 a 15 años
Cohecho propio: De 3 a 6 años - De 6 a 9 años
Cohecho impropio: De 2 a 4 años - De 3 a 6 años
Malversación: Multa de hasta 100 días - Hasta 9 años
Enriquecimiento ilícito: De 3 a 10 años - De 5 a 15 años
Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 2 a 4 años - De 9 a 12 años
Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción: De 3 a 6 años
Tráfico de influencias: De 1 a 3 años De 6 a 9 años
Testaferro o consentimiento de uso de nombre: De 3 a 6 años
