El documento, presentado por la Funde, denominado “Estado de Compras Públicas en El Salvador” hace un análisis desde el marco jurídico que regula compras públicas en El Salvador, en el período 2019-2024, período en el que ha habido un cambio de la regulación general desde la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que databa del 2000 hasta la actual Ley de Compras Públicas (LCP) aprobada en 2023.
Pero además la aprobación de una serie de las leyes especiales para emergencias por COVID-19 y Régimen de Excepción, la tormenta Julia y otras normativas que se crearon para instituciones concretas como la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales o la Ley Especial para la contratación de obra pública con financiamiento incluido, que “no parecen tener suficiente justificación o razón de ser, dado que el objeto de regulación no tiene un carácter excepcional propiamente”, explica la Funde.
En total, actualmente son ocho las normativas especiales que se encuentran vigentes y que regulan: obras municipales llevadas a cabo por la DOM, la construcción de centros penitenciarios, el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, entre otros.
“Lo que encontramos es que este conjunto de disposiciones especiales, que además hacen más disperso el marco regulatorio sobre las compras públicas, también introducen mayor discrecionalidad, para los procesos de compra, puesto que están excluidos de la norma general que regula estos procesos”, especificó Jiovanni Fuentes, coordinador de proyecto de la Funde.
Si bien es cierto la nueva normativa la inclusión dentro de su ámbito de aplicación de dos fondos especiales previamente excluidos de la regulación y supervisión de la normativa anterior (LACAP): el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP). No obstante, este avance se ve socavado por la introducción de una serie de excepciones previstas en la LCP que carecen de especificidad y justificación adecuada para su exclusión del marco normativo general.
En particular, los proyectos estratégicos de utilidad pública, clasificados como tales por el Consejo de Ministros, quedan sujetos a una discrecionalidad excesiva, lo que permite una amplia gama de situaciones que podrían eludir los controles establecidos por la LCP.
“Tal y como está actualmente el marco que regula las compras públicas, aparece mucha discrecionalidad, aparece poca publicidad de los procesos, también mucha reserva de información sobre los procesos de contratación que está realizando la constatación pública, y por tanto todo esto hace necesario una revisión de todo este marco normativo a fin de establecer una norma general que regule todas las compras públicas en el Estado y evitar la dispersión”, señala Fuentes.
Por su parte, Anibal Hernández, coordinador del Proyecto de Empoderamiento Ciudadano en El Salvador (Peces) de la Funde dijo que no se trata de volver a la Lacap, sino de concluir en una normativa general que proporcione las herramientas de transparencia y eficacia, con el fin de evitar “corrupción”.
“El que haya normativa especial para proyectos estratégicos no permite acceso a la información y esa discrecionalidad genera dudas en la población, porque no sabemos cómo se están manejando las compras públicas. La discrecionalidad puede traernos actos de corrupción, porque si un ministro o funcionario maneja discrecionalmente las compras puede favorecer a ciertas empresas, a ciertas personas y eso se puede prestar a que reciba soborno y eso es corrupción”, explica Hernández.
El coordinador de Peces dice que es necesario que la población exija transparencia en el manejo de las compras públicas, ya que son fondos públicos, “son sus impuestos los que se están utilizando”.
En cuando al gobierno, sugieren que deben generar una sola ley y no que haya esta dispersión de normativas con condiciones especiales para proyectos estratégicos que carecen de transparencia en el proceso de compras.
