"Es una ley para la gente honrada. Nosotros recibimos muchas solicitudes que, debido a la guerra que estábamos viviendo con las pandillas, se hicieron de alguna arma para defenderse y ellos necesitan utilizar las armas, con esto vamos a evitar que existan en la calle armas ilegales. Esto no es para delincuentes, no es para los pandilleros que tenían armas”, dijo Ernesto Castro ante la pregunta de un periodista.
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La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó el martes las disposiciones transitorias de legalización de armas no matriculadas, agregándole una exención de la acción penal para personas que denuncien la ubicación de armas artesanales.
Crítico del dictamen aprobado, Ricardo Sosa, especialista en seguridad, dirigió el mismo martes un mensaje al presidente de la Asamblea: "Es demasiado esfuerzo de la PNC (Policía), Fuerza Armada y FGR (Fiscalía) en la guerra contra las pandillas, para que se permita regularizar armas ilegales para la población. La delincuencia las roba y las hurta a los ciudadanos. La criminología no dispone de evidencia que esta sea una adecuada disposición. Por el contrario, se debe de promover las recompensas para denunciar".
Sosa cuestionó que se pretenda legalizar armas irregulares "que los ciudadanos tienen en su poder ocultas que han sido adquiridas en condiciones sin cumplir la ley". "No se necesitan más armas de fuego en poder de la población. Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial y un mal ejemplo de legislaturas anteriores", cuestionó.
Castro, quien dijo respetar al especialista, rechazó las críticas.
"No sé si él está muy informado de todo el contexto, él decía de que el peligro era de que los delincuentes ahora iban a robarle el arma a una persona honrada que la había utilizado, pero, hombre, eso de alguna manera es mejor porque al final se va a llevar esa trazabilidad porque el delincuente que es delincuente siempre te va llevar el arma esté legalizada o no esté y para el pueblo es mejor tener una trazabilidad", reaccionó.
Haciendo una comparación con el registro de vehículos, el diputado aseguró que fuera difícil encontrar un vehículo robado que no tenga placas.
La Asamblea Legislativa aún no ha aprobado el decreto en sesión plenaria. El decreto exigiría comprobar que las armas de fuego a registrar no son prueba de ningún hecho delictivo, exceptuando a aquellas que se demuestre que son propiedad de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil. Del decreto quedarían excluidas las personas que estén siendo procesadas y se encuentren cumpliendo condenas por cualquier delito previsto y sancionados en el Código Penal.
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