El 89.34 % de los casos que inició la Fiscalía General de la República (FGR) quedaron «impunes» en el período 2024-2025, según el informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025» presentado el jueves por la organización Acción Ciudadana (AC).
El análisis señala que de 92,139 casos iniciados en el período de junio de 2024 a mayo de 2025, un total de 9,828 concluyeron en sentencias condenatorias por delitos cometidos en El Salvador, lo que significa que el 89.34 % de los casos habrían quedado impunes en ese período.
Acción Ciudadana señala que el porcentaje de impunidad, de los delitos denunciados, disminuyó levemente en comparación con el 91.29 % del período 2023-2024, a pesar de que la cantidad de casos iniciados disminuyó. Si bien en el último año se iniciaron 92,159, la cifra muestra una baja en relación a los 95,813 del período 2023-2024.
En los últimos cinco años, los datos recopilados por la AC en las memorias de labores de la entidad indican que los niveles de impunidad se han mantenido alcanzando su punto más bajo en el período 2024-2025 con el 89.34 % y el nivel más elevado en el período anterior con el 91.29 %.
Los niveles de impunidad (falta de condenas ante denuncias presentadas) de los últimos cinco años
- 2020-2021: 89.54 %.
- 2021-2022: 90.67 % %.
- 2022-2023: 90.59 %.
- 2023-2024: 91.29 %.
- 2024-2025: 89.34 %.
La organización explica que, pese a que la entidad fiscal ha dicho que hay «0 % del índice de impunidad en el delito de homicidio en el año 2025», aún se «mantiene en alto porcentaje» la impunidad directa, es decir la diferencia entre la cantidad de casos iniciados y los que concluyeron en condenas.
«No puede determinarse la efectividad de la FGR sobre los resultados obtenidos sobre un tipo penal en específico sino en atención al conglomerado de tipos penales que conoce», afirmó Acción Ciudadana.
La AC concluye que la «efectividad real de la FGR en términos de condenas es marginal» pues el promedio de efectividad es «de apenas el 10 %», por lo que, sea «por acción u omisión, que 9 de cada 10 delitos denunciados no deriven en condenas». Además, señala que el papel de la Fiscalía es más de ser «un órgano receptor de denuncias y gestor administrativo que como un ente de persecución penal efectivo y transparente».
