Si el proyecto de ley se aprueba, la DOT autorizará las lotificaciones y los permisos de construcción cuya área a construir sea igual o superior a 250 metros cuadrados y la autorización de los permisos de construcción para proyectos más pequeños sería competencia de los municipios.
El diputado Herberth Rodas, de Nuevas Ideas, le dijo al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, quien defendió la creación de la DOT: “Esta comisión está aquí para trabajar, para darle las herramientas a ustedes”.
Trigueros le explicó a Rodas que la DOT "concentraría" los permisos de construcción mayores a 250 metros cuatros cuadrados, excepto los trámites de la Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador (AMSS), y que habrá un periodo de transición para las solicitudes ya iniciadas.
El diputado Salvador Chacón, también de Nuevas Ideas, aseguró que estudiarían el proyecto de manera "rigurosa" y le prometió apoyo: "Espero que sigamos trabajando no solo en esta iniciativa sino que en muchas otras... El objeto es darle más celeridad a los procesos, hacerlo un poco más exprés, ya dijiste tú todo el aporte económico que está trayendo la construcción y creo que parte del gobierno en tu función hay que darle las condiciones necesarias para que esa inversión no se quede estancada”, defendió el proyecto el diputado Chacón, quien preside la Comisión.
También, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que esto le recuerda al modelo que se utiliza para autorizar los proyectos por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y que elogió que dicho modelo se replicara "a nivel nacional”.
El Consejo Directivo de la DOT sería conformado por el presidente del CNR, cuatro ministros de Vivienda, Medio Ambiente, Cultura y Obras Públicas, presidentes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El Consejo tendrá la facultad de autorizar procedimientos "simplificados o exprés para dar celeridad a la autorización de los permisos de construcción". También podría emitir bonos, obtener préstamos, otorgar garantías, adquirir bienes, celebrar contratos de todo tipo. La ley establece un pliego de tarifas. El servicio exprés para cada fase, adicional a la tarifa ordinaria, costaría $565.
La ley, además, crearía un Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, que será administrado por la DOT. Este Registro incluiría a técnicos, especialistas, profesionales y responsables del diseño y obras de construcción que cumplan requisitos, y especialistas en estudios de impacto ambiental. Uno o más registradores estarían facultados a calificar la inscripción.
La normativa también crearía un Fondo Especial para el Manejo de Compensaciones Urbanísticas y Ambientales, administrado por la DOT, para financiar proyectos contra la mitigación de impactos territoriales y ambientales generados por las urbanizaciones y construcciones.
