Cristosal señala que actores estatales y particulares han conseguido beneficios al utilizar "deficiencias y vacíos legales", así como deficiencias institucionales, ya que las entidades encargadas de fiscalizar el uso de fondos públicos como la Corte de Cuentas de la República (CCR) "no han cumplido con sus funciones".
ANUNCIO
El informe señala que estas conductas y deficiencias han sido continuas en "diversas administraciones, a lo largo de las décadas". "Los pocos mecanismos de control que existen no siempre funcionan de forma efectiva" porque la brecha legal existente ha "favorecido y permitido" la corrupción "en total impunidad", indica.
Los 10 patrones identificados por Cristosal son:
- Uso de partidas secretas.
- Redes clientelares en la contratación de obra, servicio y compra pública.
- Nepotismo, favorecimiento a familiares y conflictos de intereses.
- Uso fraudulento de poderes de emergencia.
- Pactos con pandillas liberación de sus líderes.
- Uso de sociedades anónimas dirigidas por funcionarios y sus familiares.
- Utilización de entidades financieras estatales en beneficio de funcionarios y allegados.
- Desvío de fondos públicos provenientes de cooperación internacional.
- Manipulación de entidades de control para garantizar la impunidad.
- Arbitrariedades en permisos, autorizaciones y licencias.
Partida secreta: El informe indica que, desde 1994 hasta 2018, se usaron al menos $1,026 millones en gastos se partidas secretas con gastos reservados, mientras que el presidente de la República, Nayib Bukele, destinó $132,490,800 en gastos reservados para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). En cuanto a la auditoría, Cristosal señala que la CCR "ha demostrado ser incapaz de identificar malas prácticas y de señalar actos de corrupción".
Redes clienterales: Se basa en el uso de la riqueza para tener influencia a través de políticos en instituciones políticas y administrativas. El informe recuerda a "los amigos de Mauricio" a hacer referencia del expresidente Mauricio Funes y sus allegados empresarios como Miguel Menéndez Avelar "Mecafé", condenado por lavado de dinero y activos. Además, se señala las adjudicaciones de la Dirección de Obras Municipales en los que se celebraron 127 contratos discrecionales por $335.5 millones entre diciembre de 2021 y mayo de 2023.
Nepotismo: Cristosal señala que hay funcionarios contratando personas con lazos de parentesco en su misma institución o en otras y la concesión de favores o privilegios por tener lazos de parentesco con empleados públicos. Además, hay contrataciones por vinculaciones partidarias El informe mencionara los privilegios otorgados a seis familiares del expresidente Antonio Saca entre 2024 y 2029 quienes fueron contratados como Embajadores. También el caso del expresidente Salvador Sánchez Cerén que 10 de sus familiares como hijos nietos, yernos y neuras ejercieron cargos públicos y el caso del gobierno Bukele en que los hermanos del mandatario han tenido participación en el gobierno de Nayib Bukele.
Uso fraudulento de poderes de emergencia: El uso de fondos de emergencia para realizar contrataciones rápidas con dinero como del Fondo de Protección Civil, Mitigación y Desastres (Fopromid), en el que solo el 5.8 % de las compras realizadas tienen evidencia de compra, es decir, se ha hecho constar 699 órdenes de compra y contratos con un valor de $70,683,071.84, de un total de $1,218 millones que se usaron del fondo. Dentro de los mecanismo en este patrón de corrupción está la recepción de donaciones a nombre del presidente y la desviación de esos fondos; no usar todos los fondos para emergencia y el resto desviarlo o declarar emergencia y trasladar los fondos al Fopromid para "beneficiar intereses privados por medio de contrataciones directas".
Pactos con pandillas y liberación de sus líderes: El informe recuerda que al menos siete cabecillas de pandillas fueron detenidos por autoridades internacionales y de ellos tres supuestamente estaban guardando prisión en El Salvador cuando fueron capturados en otros países. En gobiernos anteriores, las pandillas pedían privilegios ilegales en las cárceles, beneficios económicos y programas financiados con fondos públicos, sin embargo, según Cristosal, durante el último gobierno habrían pedido mejoras en las cárceles, beneficios para pandilleros en libertad, permisos para visitar hospitales, protección de extradición y beneficios económicos. Los gobiernos mantuvieron sus peticiones de reducción de homicidios, el acercamiento entre líderes pandilleriles y políticos; y las promesas electorales con votos, según el informe de Cristosal.
Uso de sociedades anónimas: En este patrón funcionarios públicos participan en sociedades anónimas en las que se usan "fondos públicos para generar beneficios indebidos a particulares", dejando de lado la fiscalización y el control de los fondos públicos, así los funcionarios serían empresarios que usan "como capital semilla" fondos públicos. "Cada vez es más difícil entender dónde comienza y termina la empresa", indica Cristosal. Un ejemplo sería que, en 1999, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) creó la Empresa Transmisora de El Salvador S.A de C.V. (Etesal) con capital social de $22,860 y participación de CEL con el 99.99 % de las acciones. Además, durante el último gobierno se creó la empresa Chivo S.A de C.V. con fondos provenientes de Etesal.
Utilización de entidades financieras estatales en beneficio de funcionarios y allegados: En este patrón, se hace uso de testaferros para adquirir acciones de bancos, creación de fideicomisos para beneficios particulares, desvíos de partida secreta hacia cuentas del Banco Hipotecario, irregularidades en créditos de alto riesgo a funcionarios, beneficios irregulares a familiares y actos de corrupción atribuidos a presidentes de bancos estatales. Cristosal señala al expresidente Mauricio Funes de desviar $94 millones hacia el Banco Hipotecario y recuerda que 27 personas entre funcionarios y familiares del presidente Bukele recibieron préstamos que suman $4.9 millones del Banco Hipotecario.
Desvío de fondos públicos provenientes de cooperación internacional: Cristosal señala que en varios gobiernos se han desviado fondos provenientes de la cooperación internacional para otros fines que eran los establecidos. Como ejemplo cita que el expresidente Francisco Flores habría desviado $10 millones de donaciones de Taiwan para apoyo a víctimas de los terremotos de 2001.
Manipulación de entidades de control para garantizar la impunidad: Este patrón de corrupción busca que las entidades de control y fiscalización de la administración pública no cumplan con sus funciones para "favorecer la impunidad". Entre los ejemplos se cita que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) restringió a la Sección de Probidad para que no hiciera investigación financiera entre 2005 y 2014.
Arbitrariedades de permisos, autorizaciones y licencias: En este patrón se incluyen retrasos deliberados en procedimientos para obtener sobornos, falsificación de permisos con armas de guerra, emisión de títulos falsos o irregulares, inicio de obras sin contar con los permisos ambientales, y creación de un carril segmentado sin autorización de la Asamblea Legislativa.
Con estos datos, el informe señala la corrupción como "un fenómeno sistémico" que evoluciona, por lo que asegura que estos 10 patrones pueden "mutar o adicionar nuevas prácticas", como el uso de criptoactivos "para ocultar fondos ilícitos, blanquear capitales y financiar con estos fondos a partidos políticos".
Ante el inminente "control de sectores económicos", Cristosal considera "la necesidad urgente de fortalecer los mecanismo de transparencia, rendición de cuentas y separación efectiva de intereses públicos y privados".
