El comisionado Guzmán aseguró en varios post de X que “sí existen leyes que garantizan la protección del derecho a la imagen” y que el uso de la imagen de cualquier ciudadano, “incluidos los agentes del Estado”, debe cumplir disposiciones penales y civiles que regulan el “uso indebido de imágenes y su difusión sin consentimiento”.
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Guzmán respondió así ante una alerta publicada el martes por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en la que denunció amenazas de demandas del agente policial contra dos fotoperiodistas de El Diario de Hoy y pidió a las instituciones de seguridad pública que respeten el derecho a la libertad de prensa. En el comunicado, la APES citó que el comisionado Guzmán dijo que "no hay ninguna restricción de filmar a agentes policiales en sus funciones", afirmación que el funcionario hizo en una entrevista publicada por El Faro.
Este martes, el comisionado reiteró en X que "cualquier agente" puede ser "filmado" cuando ejerce sus funciones y lo condicionó al derecho a la propia imagen.
"Es importante aclarar que, si bien cualquier agente del Estado de El Salvador puede ser filmado en el ejercicio de sus funciones, la publicación de su imagen debe regirse por las normas que protegen la libertad de expresión y, especialmente, por el derecho fundamental a la propia imagen", respondió el comisionado para la libertad de expresión a la alerta de la gremial periodística.
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El comisionado, quien anunció que darán seguimiento al caso, aseveró que el derecho a la imagen "establece los límites a la difusión de imágenes sin el consentimiento expreso de la persona afectada" y advirtió que este debe ser "balanceado" con la transparencia y la libertad de prensa.
El funcionario argumentó que el derecho a la imagen es resguardado por "Ley de protección de datos personales", instando a su respeto, ante lo cual el presidente de la APES, Sergio Arauz, aclaró que dicha ley no existe.
"Comisionado, aún no existe ley de datos personales en El Salvador. Y tal parece, sus comentarios en defensa de la libertad de expresión solo son válidos para justificar en general cualquier acción del Gobierno que representa", le respondió el presidente de la APES.
El incidente se originó en la cobertura periodística a una jornada organizada por el Movir en la plaza Libertad, por el "Día del privado de libertad", para recolectar documentación que probaran la inocencia de personas capturadas según sus familiares. Samuel Ramírez, del Movir, informó que estos documentos serían entregados al comisionado Andrés Guzmán. "Lo que pedimos son investigaciones, que se individualice", explicaba una integrante de Movir al policía, quien pedía a una periodista de El Diario de Hoy que dejara de grabar y luego que eliminara el video. El agente anotó la identificación de la periodista.
En un tuit posterior, el comisionado Guzmán admitió que El Salvador no tiene "Ley de protección de datos personales" aunque sostuvo que "sí existen leyes que garantizan la protección del derecho a la imagen" como el derecho a la intimidad que garantiza la Constitución, el Código Penal y el Código Civil por disposiciones sobre, dijo, "el uso indebido de imágenes y su difusión sin consentimiento".
Publicar imágenes sin autorización puede vulnerar la privacidad de las personas, y aunque filmar a funcionarios en espacios públicos es legítimo, la difusión de estas imágenes debe siempre considerar el derecho a la propia imagen y los límites establecidos por la ley.
Andrés Guzmán, comisionado para la libertad de expresión.
El presidente de la APES le respondió que "su diatriba no sirve para defender derechos de ciudadanos, comisionado", a lo que el comisionado le respondió que esperaba "un diálogo constructivo" con la APES y le ofreció una puerta abierta para ello. El presidente de la gremial condicionó ese diálogo a que la búsqueda de "acciones concretas en dirección a abrir espacios, avanzar en derechos". "No se puede justificar ni defender abusos sistemáticos, Comisionado. Un policía no puede exigir y amenazar a periodistas para que borren información registrada en eventos públicos", pidió el presidente de la gremial.
Ante la posterior publicación del video del incidente del policía con los fotoperiodistas, el comisionado Guzmán concluyó que se garantizó al libertad de expresión: "Todos ejercen su labor, el agente Estatal de forma clara pide respeto por su imagen ... de todas formas se grabó, se garantizo como siempre la libertad de expresión".
Por su parte, el abogado Waldo Feuseir aseguró, en X, que se trató del registro de una actividad de interés público con un agente de autoridad en un espacio público, pero cuya imagen no se divulgó.
"Ciertamente, lo peor que se pudo hacer en este caso, pasó. Los agentes no tienen facultades para censurar a ciudadanos o periodistas en la calle. Considero debe instarse a los miembros policiales a siempre utilizar la correcta identificación (ONI)", sugirió el abogado.
El abogado Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, ha asegurado que no hay disposición legal que prohíba grabar hechos públicos en lugares públicos.
El artículo 26 de la Ley especial contra delitos informáticos castiga con penas de 3 a 5 años de prisión a quien “sin el consentimiento del titular” “revele, difunda o ceda” información “de carácter privado y personal” en “imágenes, video, texto, audio u otros”; y castiga con penas de 4 a 8 años de prisión la difusión de imágenes o texto sobre información privada, personal, o datos personales confidenciales según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El artículo 25 también castiga la obtención de información confidencial por ley o reglamento sin el consentimiento de los titulares de la información.
Por su parte, el informático Carlos Palomo ha asegurado que "en espacios públicos se puede grabar lo que se quiera".
