Guzmán, de nacionalidad colombiana, pidió a la CIDH revisar "sus procedimientos para recuperar la confianza", garantizar "imparcialidad", "rectificar" y "demostrar que es una institución digna de confianza y respeto".
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El informe de la CIDH reúne testimonios de 29 personas que denunciaron torturas y malos tratos, abusos en sanciones disciplinarias y capturas arbitrarias.
El representante del gobierno salvadoreño señaló un "conflicto de interés" debido a "vínculos financieros compartidos" entre la CIDH y la organización no gubernamental Cristosal. "Como se ha revelado, tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuente del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como son la Open Society Foundation y la Ford Foundation. Esta relación financiera, que no ha sido adecuadamente explicada ni justificada en el informe, plantea un claro conflicto de interés que socava la credibilidad de la Comisión", reaccionó Guzmán.
Dos comisionados de la CIDH retoman el reclamo en su voto razonado por el informe y sugieren "una mayor difusión y transparencia" del uso de recursos financieros de la CIDH.
El representante del gobierno de El Salvador también habla de una posible vulneración al derecho de defensa del Estado salvadoreño, pone en duda la objetividad del documento y señala "problemas metodológicos" al informe, falta de explicación de la selección de los testigos, procesos de entrevista y selección, demostración de que las decisiones de la CIDH están "libres de influencias externas".
