La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó por unanimidad este lunes un dictamen favorable a la reforma de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, que obligará a los importadores a presentar una declaración jurada certificando que los bienes introducidos a El Salvador no fueron fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo infantil, forzoso u obligatorio.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó ante los diputados que el objetivo es que toda importación incluya un formato oficial en el que se consigne que las mercancías no fueron producidas bajo mecanismos de explotación laboral. Además, la reforma faculta a la institución a solicitar documentación adicional para verificar el cumplimiento de esta normativa.
El funcionario detalló que la propuesta contempla responsabilidades civiles y penales para los importadores que incumplan la disposición, así como la retención de la mercancía vinculada a estas violaciones.
“Este mecanismo de control no solo será aplicada en la Dirección General de Aduanas sino en otras entidades para tener la garantía que la aplicación de estas normativas será eficaz”, afirmó Córdova, quien descartó que la medida implique procesos engorrosos que afecten la dinámica del comercio exterior.
La reforma responde a compromisos asumidos en el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, el cual eliminó el arancel del 10 % a productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense. En su artículo 2.7, el tratado obliga al Gobierno salvadoreño a prohibir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso u obligatorio y a erradicar las peores formas de trabajo infantil.
