La Corte de Cuentas de la República (CCR) observó posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones durante el año 2024, un monto 24 % menor al determinado en los hallazgos de las auditorías de 2023.
Durante el último año, tanto los montos en condenas confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas, como los montos observados en auditorías previas así como las resoluciones de condenas y absoluciones en primera instancia disminuyeron.
El informe, entregado ayer al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indica que el año pasado las cámaras de primera instancia emitieron condenas a funcionarios o exfuncionarios por anomalías que ascienden a $25.7 millones, 77 % menos que un año atrás; y que absolvieron casos por $11.9 millones, 55 % menos que un año atrás;.
Durante el año 2024, la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, conformada por el presidente y los dos magistrados nombrados por el Órgano Legislativo, confirmó condenas por $291,322.84, un monto 97 % menor al contemplado en condenas confirmadas en el año 2023.
La mayor disminución de montos cuestionados durante 2024 se registra en las condenas que fueron confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas. En 2023, la Cámara de Segunda Instancia confirmó condenas por un monto de $13.8 millones, pero el año pasado confirmó condenas por $291,322.
Desde 2019, el año de mayor monto cuestionado en las condenas confirmadas por la CCR fue 2019, con $15.7 millones, monto que cayó en 2020 a $509,611.67; luego subió a $14.3 millones en 2021 y $13.8 millones en 2023.
Durante el año 2023, los montos cuestionados en las condenas emitidas por las Cámaras de Primera Instancia de la CCR sumaron $112.9 millones, un aumento de 783 % respecto al año anterior; en 2024, la tendencia bajó un 77 % a $25.7 millones.
Durante los últimos seis años, las auditorías de la CCR han cuestionado el manejo de $662,759,999.9, pero no todos los cuestionamientos son confirmados. Los casos son enviados a juicios de cuentas a las Cámaras de Primera Instancia y posteriormente, si hay solicitudes de revisión o apelación, son evaluados por la Cámara de Segunda Instancia, que es conformada por los magistrados de la CCR nombrados por los diputados.
En ese mismo periodo, las Cámaras de Primera Instancia han emitido condenas por $184,859,227.0, y la Cámara de Segunda Instancia ha confirmado condenas por $56,046,551.22 ante solicitudes de apelación o revisión que recibieron.
