El dictamen favorable de la reforma a la "Ley especial contra los delitos informáticos y conexos" aprobado ayer en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa no entró hoy a la agenda ni fue aprobado este martes por el pleno legislativo.

La reforma aprobada en el dictamen favorable incorpora penas de 10 a 12 años de prisión a quienes tengan “acceso legítimo” a bases de datos, sistemas de gestión de relaciones con clientes, servicios de blockchain, subcontrataciones o servicios con registros o información de personas, y que consulten, extraigan o utilicen de manera ilegítima esta información.


Los diputados de Nuevas Ideas no explicaron por qué el dictamen favorable no fue incluido en la agenda. Se desconoce si el dictamen favorable será modificado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, la cual se reúne este miércoles a las 10:00 de la mañana.

La diputada de Arena, Marcela Villatoro, cuestionó que la reforma haya sido vista en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, ya que a su criterio, por tratarse de delitos y establecimiento de penas, tuvo que haber sido estudiada en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.

“En principio tuvo que haberse estudiado en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia y las opiniones no debieron ser del Ministerio de Economía, sino que llamar al fiscal general y al ministro de Seguridad, incluso a la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay un tema de delitos y del cómputo de las penas de estos; yo creo que es una forma de disfrazar lo que ha estado pasando en los últimos días y que la población les ha pedido transparencia”, criticó la diputada de Arena, refiriéndose a las plazas en la Asamblea divulgadas por el grupo denominado "CiberintelingenciaSV".

La legisladora dijo que en el año 2021 ella presentó una iniciativa de Ley de Protección de Datos pero que fue vetada por el presidente Nayib Bukele. La diputada dijo no se trata solo que se vulneren datos de una institución, sino los datos de la población.

“Se tiene que ver la diferencia entre los datos de las personas y los datos que inmiscuye a la administración pública; por ejemplo, datos personales como récord crediticio, número de DUI, son personales, pero hay otros datos como quién es empleado de qué institución, qué desempeña, entre otros”, expresó la diputada.