Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción que mañana cumple cuatro años en medio de críticas de organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalan posibles “delitos de lesa humanidad” y de la defensa del gobierno salvadoreño que busca crear el nuevo delito de pertenencia de pandillas y castigarlo con pena perpetua revisable.

El decreto de prórroga iniciará su vigencia el 1 de abril y sus efectos tendrán una duración hasta el 30 de abril de 2026. La dispensa de trámites también se dio con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.

El Gobierno informó que el régimen de excepción ha facilitado la captura de “más de 91,650 terroristas”, por lo que cree que sigue siendo necesario “para continuar las actividades operativas de seguridad” suspender las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución. Estas disposiciones se refieren al derecho de defensa, máximo plazo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

“Aún cuando hay una disminución significativa de ocurrencia delictiva en el país, la Policía continúa detectando a responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas… También debido al trabajo integral y extraordinario de seguridad pública, se ha posibilitado llevar a cabo la ubicación y detenciones en flagrancia de miembros pertenecientes a grupos de pandillas, a quienes se les sigue procesos penales con orden activa de detención y han podido ser sometidos a la justicia interrumpiendo así su actuar delictivo y el daño social”, indica la solicitud oficial de la prórroga.

El gobierno consideró el régimen de excepción “fundamental para combatir el fenómeno criminal”. También sostienen que algunos pandilleros “han salido del país” para mantener su capacidad delictiva y que, con acciones de inteligencia en la región, han retornado algunos de estos criminales al país. “Lo anterior justifica la necesidad del régimen de excepción hasta la fecha”, sostiene.

El gobierno cuenta 1,165 días sin homicidios durante el gobierno actual y atribuye la disminución de homicidios al régimen de excepción. Mientras, el estado de excepción es cuestionado por organizaciones civiles que afirman que durante su aplicación han recibido reportes de capturas arbitrarias, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y muertes de detenidos dentro de los

En el pleno, el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, aseguró que el régimen de excepción “ha sido un pilar fundamental” de la situación actual del país.

Alemán recordó que el 27 de marzo fueron convocados por el diputado Ernesto Castro para aprobarlo por primera vez. “Cuatro años en que las familias salvadoreñas han podido dormir con tranquilidad”, dijo.

El legislador oficialista afirmó que hasta la fecha se contabilizan 1,172 días sin homicidios desde junio de 2019 cuando Nayib Bukele inició su primer gobierno y 1,058 días sin homicidios desde la aprobación del régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022. “La población salvadoreña ya no quiere regresar al pasado, no quiere regresar a los tiempos de luto”, expresó.

Un grupo de expertos internacionales asegura que tienen bases para creer que en el régimen de excepción se han cometido “crímenes de lesa humanidad”, ya que aseveran que han documentado torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a elimentos”. Aseguran que son “actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil” que responden a una “política de Estado”.

El informe de los expertos fue rechazado por el presidente Nayib Bukele, quien señaló a los expertos de solicitar la liberación de los pandilleros.