La reforma será aprobada por el pleno legislativo en la sesión plenaria de este martes.
La reforma incorpora penas de 10 a 12 años de prisión a quienes tengan “acceso legítimo” a bases de datos, sistemas de gestión de relaciones con clientes, servicios de blockchain, subcontrataciones o servicios con registros o información de personas, y consulten, extraigan o utilicen de manera ilegítima esta información.
La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, quien preside la Comisión, propuso cambios de forma: pidió que se eliminara el artículo “el” a las definiciones incorporadas en el artículo 3, de propietario de datos, custodio de datos, controlador de datos y procesador de datos; y solicitó incorporar la definición de "metadatos" en el artículo 3, que contiene las definiciones.
En segundo lugar, la diputada Figueroa solicitó quitarle la letra “o” al final del nuevo inciso incorporado al artículo 11 (más abajo).
El dictamen favorable de la reforma fue aprobada luego de escuchar a la directora de inversiones del Ministerio de Economía, Clarisa Valdebran, quien respaldó la propuesta de diputados de Nuevas Ideas y explicó busca que “la misma empresa como custodio de datos” de sus clientes “pueda hacer esta denuncia y proceder legalmente”. Actualmente, puede denunciar el propietario de los datos.
Vamos a atacar el problema que se ha identificado de raíz y es cuando parte de personal de las empresas prestadoras de este servicio hacen un uso ilícito o incorrecto del acceso que yo tengo como empleado a la base de datos, a la información de los clientes”.
Clarisa Valdebran,
directora de inversiones del Ministerio de Economía.
