La Asamblea Legislativa aprobó, la noche del jueves, la prórroga 41 del régimen de excepción que vencía el domingo 3 de agosto, suspendiendo tres derechos constitucionales que tienen que ver con la privacidad de las telecomunicaciones, el periodo máximo de 72 horas de detención administrativa y el derecho de la defensa.
Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron el decreto de prórroga en la segunda sesión plenaria del jueves 31 de julio, luego de ratificar el acuerdo de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida y para eliminar el Parlamento Centroamericano (Parlacen) de la Constitución.
Al solicitar este nuevo decreto, el gobierno informó que ha capturado "88,000 terroristas", personas acusados de pertenecer a pandillas, motivo de la creación del régimen de excepción. "Es necesario adoptar medidas de carácter excepcional para su desarticulación total", indica en las consideraciones del decreto.
El gobierno sostuvo que el trabajo de inteligencia indica que hay "persistencia activa a nivel nacional de esos grupos criminales", que cometen delitos de "tráfico ilícito, robo y extorsiones", y que es necesario "evitar el retorno de su operatividad".
Señaló que hay pandilleros organizados y criminales en posiciones de mando están "desplazándose y realizando actividades criminales en zonas con alta concentración de personas", como lugares de esparcimiento, calles y mercados.
En la solicitud también informa que ha capturado "cabecillas de estructurales criminales" en el Aeropuerto Internacional El Salvador y que ello les confirma su presencia y capacidad de operación "en otros países afectados".
"Los resultados son más que suficiente prueba para afirmar que el régimen de excepción continúa sosteniendo una etapa histórica y emblemática del país", dijo el diputado Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas. Agregó que julio ya es catalogado como posible mes más seguro del año.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena, dijo que el régimen de excepción "se ha convertido en una herramienta de represión" contra ambientalistas y defensores de derechos humanos.
"Su servidor no está en contra de la seguridad, su servidor ha votado a la par de ustedes para aumentar las penas de cárcel a los pandilleros. Estamos a favor de la seguridad, pero no a costa de la dignidad, justicia y derechos humanos de los salvadoreños. Quizás ustedes no me puedan comprender, pero sí el pueblo que tiene un familiar pagando una pena que no ha cometido, con una carta de libertad", indicó Lira.
El legislador citó la encuesta más reciente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) en donde el 39 % de la población considera que se deben buscar otras medidas. "Esta nueva prórroga es desproporcional", indicó.
Durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, según cifras oficiales ha habido 861 días sin homicidios y 976 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, según Navarro. El gobierno no cuenta los homicidios contra pandilleros.
Mientras, organizaciones como asociación Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario reportan más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal, durante el régimen de excepción.
