Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó el martes la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas para obligar a los importadores a presentar una declaración jurada que certifique que los bienes introducidos a El Salvador no fueron fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo infantil, forzoso u obligatorio.
La reforma establece que habrá responsabilidades civiles y penales para los importadores que incumplan la disposición, se suspendería el trámite y se retendría la mercancía vinculada a estas violaciones.
El lunes, en la Comisión de Hacienda, Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la reforma faculta a la institución a solicitar documentación adicional para verificar que toda importación incluya un formato oficial en el que se consignará que las mercancías no fueron producidas bajo mecanismos de explotación laboral.
“Este mecanismo de control no solo será aplicada en la Dirección General de Aduanas, sino en otras entidades para tener la garantía que la aplicación de estas normativas será eficaz”, afirmó Córdova, quien descartó que la medida implique procesos engorrosos que afecten la dinámica del comercio exterior.
La reforma responde a compromisos asumidos en el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, el cual eliminó el arancel del 10 % a productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense. En su artículo 2.7, el tratado obliga al Gobierno salvadoreño a prohibir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso u obligatorio y a erradicar las peores formas de trabajo infantil.
