Durante los últimos 30 años, el mecanismo migraciones-remesas ha sido el principal motor del funcionamiento de la economía salvadoreña. Sin embargo, el abrupto debilitamiento de este mecanismo, provocado por las políticas de la segunda administración del presidente Trump, ha puesto en evidencia su fragilidad y sus límites. En este nuevo contexto, apostar por la reindustrialización y la recuperación de la agricultura ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. Dado que existen condiciones para establecer las alianzas necesarias que permitan viabilizar este proceso, el siguiente paso es definir con claridad las estrategias, políticas, programas y acciones que lo harán posible.
Este golpe de timón exige, ante todo, superar el dogma neoliberal según el cual “la mejor política industrial es la que no existe”. Aunque desde la administración Saca en adelante distintos gobiernos han manifestado su compromiso con políticas sectoriales —particularmente en la agricultura, la industria, los servicios internacionales y el turismo—, en la mayoría de los casos ese compromiso ha sido más retórico que efectivo. Salvo por el esfuerzo más consistente de la actual administración en el ámbito turístico, los avances en los demás sectores, y en la industria en particular, han sido débiles, fragmentados o meramente declarativos.
Para avanzar con seriedad en la formulación de una política industrial efectiva, es indispensable, en primer lugar, tener claridad conceptual. Las políticas públicas son el conjunto de acciones emprendidas por el Estado para alcanzar objetivos de interés colectivo. En este marco, la política industrial se refiere a las intervenciones del gobierno orientadas a influir en el comportamiento y la estructura de la economía, especialmente en el sector industrial, con el propósito de aumentar su competitividad, generar más empleos dignos, elevar las tasas de crecimiento, y ampliar y diversificar las exportaciones, entre otros objetivos de interés público.
En segundo lugar, es fundamental identificar las intervenciones concretas que debería asumir el Estado salvadoreño para materializar una política industrial efectiva. Un referente histórico clave es el período comprendido entre 1949 y 1979, durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI), cuando la política industrial desempeñó un papel central. Esta etapa coincide con el periodo de mayor crecimiento económico en la historia de El Salvador, con una tasa promedio anual del 5.5%. Entre las principales medidas adoptadas en ese contexto destacan: incentivos fiscales a las industrias nacientes, acceso a financiamiento en condiciones preferenciales, creación del polo de desarrollo industrial Ilopango–Soyapango, mejoramiento y expansión de la infraestructura de apoyo a la producción —como servicios de agua potable y energía eléctrica, red de transporte y telecomunicaciones—, protección del mercado interno mediante barreras arancelarias y no arancelarias, e impulso decidido a la integración comercial centroamericana.
A este referente histórico se suma un insumo contemporáneo de gran relevancia: el Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029, presentado por la ASI el pasado 12 de junio. Este documento propone, entre otras medidas, la creación de nuevas zonas industriales; una reforma integral del sistema de formación técnica; la mejora del acceso a financiamiento productivo; el desarrollo de insumos que permitan generar bienes con mayor valor agregado; y la ampliación y modernización de los servicios públicos esenciales —como energía, agua, transporte y conectividad— a precios competitivos. Asimismo, plantea fortalecer la participación de empresas nacionales en cadenas de valor locales e internacionales, modernizar la infraestructura de apoyo a la producción (carreteras, puertos y aeropuertos), establecer incentivos de nueva generación alineados con el entorno global, fomentar una cultura de innovación empresarial y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.
A partir de estos dos insumos —el referente histórico del MISI y la propuesta técnica contenida en el Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029—, una tarea urgente es la creación de un foro nacional con participación del gobierno, la empresa privada, la academia, el sector sindical y organizaciones sociales. Este espacio permitiría acordar y concretar las intervenciones prioritarias, definir los recursos necesarios para su financiamiento y establecer los responsables de su implementación. Una iniciativa similar debe impulsarse para la reactivación y modernización del sector agropecuario, tema que abordaremos en un próximo artículo.
El Salvador no puede seguir inmóvil frente al lento crecimiento económico, la débil creación de empleos y la dependencia de mecanismos cada vez más frágiles como las migraciones remesas. Sin una política industrial sólida, coherente y sostenida en el tiempo, la reindustrialización seguirá siendo una promesa incumplida. Recuperar la capacidad de producir, generar empleo digno y construir un modelo de desarrollo más equilibrado y resiliente exige voluntad política, visión y un compromiso colectivo firme. El tiempo de actuar no es mañana. Es ahora.
* William Pleites es director de FLACSO El Salvador
