Muchos países enfrentan desafíos significativos relacionados con un incremento de la expectativa de vida, la disminución de las tasas de fertilidad y el envejecimiento de la población en edad laboral, lo que repercute en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, especialmente los sistemas de pensiones.
En El Salvador, se observa una tendencia preocupante en varias variables demográficas y económicas. La tasa de fertilidad ha disminuido a 1.8 hijos por mujer en 2023, lo que está por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer. Esto, junto con un estancamiento en la expectativa de vida, que se sitúa en 71.5 años en 2022, sugiere un crecimiento poblacional insostenible.
Además, se proyecta que la proporción de la población en edad potencialmente productiva (15-64 años) disminuirá del 63.21% al 47.26% entre 2027 y 2100, lo que indica un envejecimiento de la población y un aumento en la dependencia demográfica. Estos cambios demográficos presentan desafíos significativos para el mercado laboral y el sistema de pensiones en el futuro.
Las variables económicas y demográficas son determinantes en la efectividad y sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que exige un análisis profundo para asegurar su viabilidad futura. Actualmente, El Salvador tiene una de las edades de jubilación más bajas del mundo: 60 años para hombres y 55 años para mujeres. Aunque se requieren al menos 25 años de cotizaciones al sistema de pensiones para poder retirarse, economistas y especialistas coinciden en que el sistema enfrenta problemas profundos que no resuelven las demandas del sector de personas jubiladas ni las problemáticas del Estado.
La alta informalidad en el mercado laboral agrava esta situación, y se requiere que el sector público implemente soluciones a corto y mediano plazo para abordar estos desafíos.
Uno de los primeros recursos propuestos, y a lo que muchos países están optando, es aumentar la edad de jubilación.Incrementar la edad de jubilación puede ser una medida efectiva para prolongar la vida laboral de los trabajadores, aumentando así el número de cotizantes y reduciendo el tiempo durante el cual se reciben pensiones. Esta estrategia es utilizada en varios países y ha demostrado ser beneficiosa en términos de sostenibilidad financiera del sistema. Pero este tipo de cambio de políticas públicas también exige un análisis de efectos colaterales indeseables en otros sectores, por ejemplo, la salud del trabajador.
¿Qué efectos colaterales indeseables podría tener un aumento de la edad de retiro en nuestro país?
Una de las primeras variables que podría ser afectada es la salud de la población salvadoreña. Una serie de estudios en TheLancet sobre trabajo y salud mostró que el aumento de la edad de jubilación podría mejorar la salud física y mental de los trabajadores altamente cualificados que tienen un alto grado de satisfacción laboral. Sin embargo, para los trabajadores poco cualificados, podría ser más difícil trabajar más tiempo y más duro para obtener algún beneficio para la salud. No es lo mismo aumentar la edad de jubilación para un médico o abogado que para un agricultor o un trabajador de la construcción. Una política que no tenga en cuenta estos matices podría contribuir a ampliar las desigualdades socioeconómicas en materia de salud.
De acuerdo con estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, la expectativa de vida saludable para la población masculina en el país es de 61.6 años, y para la población femenina es de 67.8 años. Este indicador debería ser profundamente analizado al evaluar un cambio de políticas en la edad de retiro.
Otra variable que considerar es la proporción de trabajadores por sector. La mayoría de los trabajadores salvadoreños labora en sectores con alto riesgo ocupacional y en condiciones que aumentan las posibilidades de padecer enfermedades crónicas. Por ello, es necesario reforzar la salud ocupacional en el país.
Es obvio que el sistema de pensiones en El Salvador enfrenta una crisis continua que requiere reformas estructurales para mejorar la cobertura, sostenibilidad financiera y capacidad de brindar pensiones dignas a la población. Un diálogo social amplio es esencial para diseñar e implementar los cambios necesarios.
