El adagio: “El rio siempre encontrará su cauce, y al final sus aguas llegarán al mar” Interpreta la incontenible fuerza de la naturaleza, siendo capaz de acrisolar sus propias normas. Comprender ese rigor ha sido fundamental para adaptarnos y sobrevivir en el entorno de manera armoniosa, segura y sustentable. En esa misma línea, la evolución humana también desarrolló sus propias reglas de coexistencia social, desde la cultura, modelos democráticos e institucionalidad. El progreso de esa superestructura siempre dependerá del grado de contribución consciente de la misma sociedad. Para eso, entre otros, es crucial el acceso a información pública de calidad que facilite el control y participación desde la ciudadanía. Esta demanda de información siempre será creciente por las nuevas tecnologías, la expansión del internet y plataformas de comunicación. Por lo tanto, la demanda de transparencia y el acceso a información suficiente y de calidad sobre los asuntos públicos ha dejado de ser una aspiración y se ha consolidado como un derecho creciente e irrenunciable de la sociedad.
Es retrógrado, antihistórico y oscurantista el febril empeño del gobierno de Bukele por ocultar información gubernamental que por naturaleza debe ser del dominio público. Así ocultaron datos del número real de fallecidos durante la pandemia; ocultaron los procesos multimillonarios de compras de vacunas y medicamentos para el Covid19. Igual circunstancia ocurre con el ocultamiento de las cifras de decesos de niños víctimas del dengue y del desastroso sistema de salud mal administrado. Se ha vuelto epidémico ocultar y amañar las compras y contratos gubernamentales; escamotear planillas y salarios en la Asamblea Legislativa; difuminar las finanzas de la maraña de empresas creadas bajo la sombrilla de instituciones gubernamentales autónomas, sin controles de la Corte de Cuentas, como la Chivo Wallet, Constructora El Salvador, Diario El Salvador, ANTEL y otras más.
Será motivo de investigación, por Crímenes de Lesa Humanidad, la cadena de responsabilidad sobre miles de capturas arbitrarias de inocentes y las más de 300 muertos dentro del sistema penitenciario, bajo tutela del Estado. Organismos humanitarios presentaron evidencias sobre prácticas de tortura, asesinatos y negligencia médica. Sobre estos casos se oculta información oficial, no hay tan siquiera investigación fiscal abierta. Pesan casos emblemáticos como la misteriosa “muerte” en cautiverio del Asesor de Seguridad Nacional de Bukele: Alejandro Muyshondt. El más reciente fue el silencioso asesinato en celda, con arma corto punzante, de Saul Antonio Turcios Ángel, alias “El 13 de Tecla”, un prominente cabecilla nacional de la pandilla MS 13, quien estaba recluido en el penal de máxima seguridad “Zacatraz”. Él fue parte del proceso oculto de negociaciones entre pandillas y gobierno; estaba pedido formalmente por autoridades de EE. UU., y el mismo había solicitado la extradición.
La falta de información pública por parte del gobierno de Bukele, tal como lo manda la ley, puede haber estimulado el surgimiento de grupos clandestinos al margen de la ley, de hacktivistas, que han llenado ese vacío haciendo accesibles los datos. Bien podrían ser considerados los “Robin Hood” de la información. Entre ellos destacan “Guacamaya Leaks” y más recientemente “Ciberinteligencia SV”. Estas organizaciones clandestinas altamente sofisticadas en el manejo de tecnologías hackearon millones de correos electrónicos institucionales y documentos oficiales sobre asuntos militares, de seguridad, identificación, económicos, diplomáticos y políticos de distintos países.
El último destape de los hackers de “Ciberinteligencia SV” ha consistido en el hackeo y liberación de la base de datos de 974,428 salvadoreños cotizantes al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social), datos que ya circulan en la web y que incluyen: nombre, número tributario y de identidad, dirección, empleador y salario. Esta información lamentablemente compromete la seguridad y el derecho a la intimidad de los publicados. Sin embargo, el argumento de los hacktivistas es que solo la verificación que haga cada afectado de sus propios datos, comprueba la certeza de toda la información publicada, que incluye exorbitantes y jugosos salarios de funcionarios del gobierno de Bukele, Asamblea Legislativa, Instituciones Autónomas, Corte Suprema de Justicia; exhibiendo los extendidos casos de nepotismo, amiguismo y rampante corrupción.
Este monumental destape y el profundo silencio institucional ponen al desnudo, y ante la hoguera de la mordaz crítica desatada en la opinión pública. Esta se ha visto crecientemente estimulada por reconocidos influencers y youtubers, otrora pro gobierno, que hoy tienen suficientes evidencias sobre el creciente despilfarro, corrupción y nepotismo del gobierno de Bukele.
