Con la certeza de que la migración ya no podrá seguir supliendo, con la misma eficacia de décadas anteriores, la escasa capacidad del país para generar empleos dignos, El Salvador se enfrenta a la necesidad impostergable de construir una visión de futuro que coloque en el centro la universalización del trabajo decente. Esto no se logrará con ajustes marginales ni con medidas fragmentadas. Se necesita un nuevo modelo económico, con un enfoque de largo plazo, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros del país.
Al ser una economía pequeña y abierta, El Salvador no puede aspirar a generar empleos masivos si no es a través de sectores transables, es decir, aquellos que participan activamente en el comercio internacional, ya sea mediante exportaciones o mediante la provisión de bienes y servicios a consumidores extranjeros. En este grupo destacan la agricultura, la industria, el turismo y una variedad creciente de servicios modernos. Apostar por la reindustrialización y la recuperación de la agricultura no es un acto de nostalgia, sino una necesidad urgente si se quiere reactivar el aparato productivo, ampliar el mercado laboral y reducir las desigualdades territoriales.
Cuando esa transición aún no ha comenzado, el primer paso es generar las condiciones para que sea posible: establecer liderazgos claros, forjar alianzas políticas sostenibles y crear instituciones sólidas que puedan conducir el proceso de transformación. Esa fue, precisamente, la lección que dejó el país a finales de la década de 1940, cuando se conformó una alianza entre militares, tecnócratas y empresarios convencidos de que solo un proyecto común de modernización económica y social podía sacar a El Salvador del estancamiento. De esa visión compartida surgió el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (MISI), que marcó tres décadas de crecimiento económico sostenido.
Aquel impulso no fue improvisado. Por el lado del liderazgo político, destacaron figuras como los expresidentes Óscar Osorio y José María Lemus. Dentro del grupo de académicos y tecnócratas los más destacados fueron Reynaldo Galindo Pohl, presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1950 y luego Ministro de Cultura (educación); el doctor Jorge Sol Castellanos, quien fue el principal responsable de diseñar e impulsar inicialmente las estrategias y políticas en favor de la industrialización, así como de liderar el proceso de integración económica centroamericana; el doctor Alfonso Rochac, fundador de la Administración de Bienestar Campesino y del Banco de Fomento Agropecuario; el doctor Pedro Abelardo Delgado, primer secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA); el doctor Francisco Roberto Lima, coordinador de la comisión que elaboró el "Proyecto de Ley del Seguro Social"; y el doctor Mario Héctor Salazar, principal promotor de la legislación orientada a proteger los derechos de los trabajadores. Finalmente, entre los empresarios destacaron Roberto Edmundo Canessa, principal impulsador de la creación de la Federación Cafetalera Centroamérica-México (FEDECAME) y de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y Víctor de Sola, principal impulsador de la expansión de la red eléctrica del país.
El MISI también fue posible porque se crearon instituciones específicas para liderar y acompañar el proceso. El Ministerio de Economía, fundado en 1950, asumió la responsabilidad de formular políticas de fomento, diversificación productiva e industrialización. Ese mismo año se creó la Dirección General de Comercio, Industria y Minería, encargada de impulsar el desarrollo de estos sectores. En 1958 se formalizó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), estableciéndose como prioridades dentro de su funciones: gestionar políticas de fomento y protección a la industria; defender los intereses del sector y gestionar ante las entidades correspondientes la promulgación, expedición, modificación o derogación de leyes, reglamentos y demás disposiciones legales o actos administrativos de acuerdo a los intereses del sector industrial. Luego, en 1961 se creó el Consejo de Planificación y Coordinación Económica (COPLAN), que más tarde se transformó en CONAPLAN, organismo clave para articular las políticas públicas de desarrollo económico y social bajo una lógica de planificación.
El Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029, presentado por la ASI el pasado 12 de junio, puede ser un punto de partida valioso para abrir un nuevo ciclo. No solo por sus propuestas, sino porque ofrece una oportunidad para reconstruir liderazgos comprometidos, forjar alianzas entre sectores clave y relanzar el rol del Estado como articulador de un proyecto nacional de transformación productiva. Para que esta iniciativa trascienda el papel, será necesario construir institucionalidad capaz, movilizar recursos financieros de forma sostenida y generar confianza entre los distintos actores sociales.
La historia demuestra que cuando hay visión compartida, voluntad política e instituciones fuertes, el país puede avanzar con pasos firmes. La reindustrialización y la recuperación del agro no ocurrirán por inercia. Tampoco se logrará con soluciones aisladas o impulsos de corto plazo. Exige un pacto nacional de transformación que coloque en el centro el trabajo decente, el conocimiento, la innovación y la cohesión social. Hoy, como en 1950, el desafío no es soñar en abstracto, sino construir con claridad, responsabilidad y decisión los cimientos de un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. El momento de comenzar es ahora.
• William Pleités es director de FLACSO El Salvador
