En sociedades cansadas del conflicto, la promesa de orden tiene un poder casi hipnótico. Orden significa previsibilidad, seguridad, normalidad. Frente al caos —real o percibido—, cualquier autoridad que ofrezca resultados rápidos suele recibir un amplio margen de confianza. El problema comienza cuando esa confianza se transforma en cheque en blanco y la eficacia se usa como argumento para prescindir de la deliberación democrática.

En El Salvador, el discurso del orden ha ganado centralidad. Se presenta como una solución técnica a problemas históricos: crimen, ineficiencia estatal, corrupción, lentitud institucional. El mensaje es claro y seductor: menos discusión, más acción. Sin embargo, toda política que reduce el espacio para el debate público no elimina los conflictos; simplemente los desplaza fuera de la conversación.

La democracia, por definición, es lenta. No porque sea ineficiente, sino porque incorpora voces distintas, intereses contradictorios y procesos de control. La deliberación no es un defecto del sistema democrático: es su mecanismo de corrección. Cuando se la reemplaza por decisiones verticales justificadas en la urgencia o en la popularidad, se abre una puerta difícil de cerrar.

La eficacia, en sí misma, no es un valor negativo. Un Estado incapaz de ejecutar políticas públicas pierde legitimidad. Pero cuando la eficacia se convierte en el único criterio, se vuelve peligrosa. Un gobierno puede ser eficaz encarcelando sin debido proceso, silenciando opositores o concentrando poder. La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de regímenes que “funcionaron” durante un tiempo y dejaron, a largo plazo, instituciones debilitadas y sociedades fragmentadas.

El problema no es el orden, sino el orden sin reglas compartidas. Cuando las normas se subordinan a la voluntad del poder, dejan de ser garantías y se transforman en instrumentos. Hoy se aplican contra “los otros”; mañana pueden aplicarse contra cualquiera. La excepcionalidad, una vez normalizada, deja de ser excepción.

Otro rasgo preocupante es la confusión entre popularidad y legitimidad. Un gobierno con amplio respaldo electoral no está exento de límites. Las mayorías no sustituyen a la Constitución ni a los derechos fundamentales. Sin embargo, en el discurso público contemporáneo se insinúa con frecuencia que cuestionar decisiones del poder es ir en contra de la voluntad popular, como si el voto autorizara cualquier medida posterior.

Este razonamiento erosiona uno de los pilares de la democracia: el control ciudadano permanente. Elegir gobernantes no equivale a renunciar a la crítica. Por el contrario, una ciudadanía madura es aquella que apoya cuando corresponde y cuestiona cuando es necesario, incluso —y sobre todo— cuando el poder goza de altos niveles de aprobación.

La reducción del debate también tiene consecuencias culturales. Se instala una lógica binaria: a favor o en contra, patriota o enemigo, orden o caos. En ese esquema, el matiz desaparece y la complejidad se percibe como debilidad. Pero los problemas estructurales no se resuelven con consignas; requieren diagnósticos incómodos y soluciones imperfectas, discutidas colectivamente.

Además, el silenciamiento no siempre adopta formas explícitas. No hace falta censura abierta cuando basta con deslegitimar la crítica, ridiculizar al disidente o saturar el espacio público con una narrativa única. La autocensura suele ser más eficaz que la represión directa, porque no deja huellas visibles.

El riesgo mayor de este modelo es su fragilidad. Un sistema sostenido únicamente por la eficacia inmediata carece de amortiguadores cuando las cosas salen mal. Sin instituciones fuertes, sin prensa crítica, sin espacios de deliberación, los errores se acumulan hasta volverse crisis. Y entonces, paradójicamente, el orden prometido se vuelve insostenible.

Defender la deliberación no es defender el desorden. Es defender la idea de que el poder debe explicarse, justificarse y someterse a límites. Que la rapidez no sustituye a la legalidad y que la popularidad no reemplaza a la ética pública.

El verdadero desafío para El Salvador no es elegir entre orden o democracia, sino comprender que sin deliberación no hay orden duradero. Lo demás es eficacia momentánea, políticamente rentable, pero institucionalmente costosa. Y la factura, como suele ocurrir, no la paga el poder: la paga la sociedad.