No me cabe duda. Nuestro país está construido sobre bases endebles y peligrosamente riesgosas. Eso provoca que –casi permanentemente– esté sometido a una fragilidad peligrosa, sobre todo para quienes habitan el abajo y el adentro del mismo; léase, sus mayorías populares. A lo largo de la historia estas se han visto privadas de la más elemental justicia social al permanecer sumidas en la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Ello ha generado revueltas y estallidos que han destacado en la región por su impactante violencia, hasta haber provocado durante la primera mitad del siglo pasado una matanza de alrededor de 30 000 personas y, en el marco de la segunda, una dolorosa guerra de más de una década de duración. En tal escenario, encontramos otro de los más cuestionables cimientos sobre los que han construido El Salvador: la impunidad.
Y marzo, machaconamente, me imposibilita dejar de tenerla presente. ¿Por qué? Veamos. ¿Quién no recuerda que en marzo de 1980 asesinaron al cuarto arzobispo de San Salvador y desde hace años santo, monseñor Óscar Arnulfo Romero? Este es probablemente el hecho atroz más conocido y conmemorado en el marco de la violencia y la perversidad mediante las cuales se ensañaron y ensañan con nuestra gente más vulnerable. Romero, nombrado por Pablo VI el 3 de febrero de 1977, ocupó dicho cargo el 22 del mismo mes. Dos días antes se habían celebrado las elecciones presidenciales, cuyo resultado fue fraudulentamente alterado en favor del oficialismo.
Y el 26 se consumó una masacre en el Parque Libertad, ubicado en el centro capitalino, mientras una multitud protestaba por la imposición del general Carlos Humberto Romero como titular del Ejecutivo. El 12 de marzo, también de 1977, asesinaron al jesuita Rutilio Grande, junto a dos campesinos; Rutilio era muy cercano al recién estrenado pastor católico metropolitano.
El 17 de marzo de 1982 fue emboscado y ultimado por el ejército gubernamental el periodista neerlandés Koos Koster, junto a tres de sus colegas y compatriotas. El 14 de marzo del año siguiente apareció el cadáver de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villas quien cayó herida ‒también en una emboscada‒ para ser trasladada luego a una sede militar adonde la torturaron y ejecutaron.
De igual manera, durante ese mes fallecieron en el 2007 ‒después de la guerra y de una vida consagrada a la causa de los derechos humanos‒ dos mujeres valientes e irremplazables cuyas trayectorias las han convertido en íconos de la lucha por la defensa de las víctimas: Rufina Amaya el 6 y María Julia Hernández el 30. La primera reveló la verdad de lo ocurrido en el cantón El Mozote y otros caseríos cercanos, iniciando diciembre de 1981: una barbarie que arrojó alrededor de mil personas campesinas ejecutadas. En su mayoría niñas, niños y adolescentes. Así desmanteló Rufina la falsa versión de lo ocurrido, difundida nacional e internacionalmente por la dictadura; María Julia luchó años por lograr que en el caso de esa terrible masacre se impartiera justicia, así como lo hizo en el de monseñor Romero y tantos más.
Por la muerte violenta de Koster y sus compañeros resultaron condenados tres oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña, incluido el ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época; ese hecho aislado lo atribuyo en buena medida a la presión del gobierno holandés, pues ello me consta al haberlo conocido de primera mano siendo director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad jesuita. En el caso de El Mozote, judicialmente se ha avanzado a cuentagotas en medio de numerosas artimañas a la espera de que fallezcan víctimas y victimarios. Pienso que eso ha ocurrido forzadamente, porque existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiéndole al Estado avanzar en el proceso judicial.
Y entre todas las deudas pendientes con la justicia, está el escamoteo de la verdad como primer paso para alcanzarla. Cinco días después de la publicación del informe de la comisión creada para investigarla y difundirla, fue decretada una infame amnistía para proteger a los criminales de los bandos enfrentados en la preguerra y la guerra. Pese a que luchamos más de 23 años hasta lograr su inconstitucionalidad en julio del 2016, ya transcurrió casi una década de ese evento y a la fecha ni siquiera se ha aprobado una ley para dignificar a las víctimas y a la sociedad salvadoreña. Por ello estoy convencido de que dicha impunidad aún vigente, es uno de los inmorales cimientos de una patria exactamente injusta con su mayoría populares. Y, obviamente, mucho le está sirviendo al actual gobierno inconstitucional.
