Desde mediados del siglo XX, la salud pública global ha experimentado un salto cualitativo y cuantitativo significativo que continúa hasta hoy. La esperanza de vida humana ha aumentado progresivamente, acompañada de una notable disminución de la mortalidad infantil en muchos países del mundo. Estos avances reflejan también un incremento considerable en la inversión tanto global como nacional en salud, aunque esta mayor inversión ha venido acompañada de un aumento de la corrupción en el sector. Los niveles de corrupción en salud se observan en países tanto ricos como pobres, siendo especialmente prevalentes en aquellos con menor adhesión al Estado de Derecho, escasa transparencia y débil rendición de cuentas.
Aunque no existe una definición exhaustiva y universalmente aceptada de corrupción, se entiende claramente como "el abuso del poder confiado para beneficio propio". La corrupción es el mal más dañino que puede afectar a una sociedad. Sin embargo, su presencia en el sector salud provoca un daño social aún más profundo que en cualquier otro ámbito. Este daño es mortal. Se estima que, a nivel mundial, se gastan más de 7 billones de dólares en servicios sanitarios, de los cuales entre un 10% y un 25% se pierde directamente debido a la corrupción, representando así cientos de miles de millones de dólares desperdiciados cada año. Klitgaard y sus colegas destacan que la cantidad de corrupción depende de tres variables: monopolio (M) sobre el suministro de un bien o servicio, la discrecionalidad (D) de que gozan los proveedores, y la responsabilidad (A) del proveedor ante los demás. En su trabajo, Klitgaard mostró que la cantidad de corrupción (C) puede expresarse con la siguiente ecuación: C=M+D−A.
En otras palabras, esta fórmula indica que, a mayor concentración del suministro de bienes o servicios, mayor será el poder discrecional de quienes controlan la oferta y menor su responsabilidad ante la sociedad; por lo tanto, la corrupción tenderá a aumentar.
¿Pero, existen indicios de corrupción en el sector salud de nuestro país?
La corrupción en el sector salud de El Salvador ha sido señalada en múltiples casos, incluyendo irregularidades en la construcción de hospitales, sobreprecios en compras de insumos médicos y contratos irregulares, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital Regional de San Miguel del ISSS, con anomalías en licitaciones, uso de materiales de baja calidad y problemas en la ejecución del proyecto, ligados a gestores previos del FMLN que afectaron la calidad del servicio esperado para los trabajadores y la población. Más recientemente, la creación de la Red Nacional de Hospitales, que opera al margen del Ministerio de Salud y sin apego a la Ley de Compras Públicas, ha generado gran preocupación por el potencial aumento de actos corruptos.
¿Cómo afecta la exclusión de la Ley de Compras Públicas a la Red Nacional de Hospitales?
Esta es una pregunta de gran importancia para muchos salvadoreños y que el actual gobierno debe priorizar. Según la ecuación de Klitgaard, la exclusión de la Ley de Compras Públicas para la Red Nacional de Hospitales en El Salvador impacta significativamente la transparencia y la fiscalización de sus procesos de compra y contratación. La ley que crea esta red establece un régimen especial de adquisiciones y contrataciones, con autonomía administrativa y patrimonio propio, permitiéndole operar como un monopolio al margen de la normativa general vigente para el sector público.
Este régimen especial no está sujeto a los controles habituales que impone la Ley de Compras Públicas y otorga facultades discrecionales para contratar, concesionar servicios y traer médicos extranjeros sin homologación, aumentando así el margen de maniobra sin supervisión. La junta directiva estará mayoritariamente conformada por delegados de Casa Presidencial, sin requisitos de experiencia médica o en gestión hospitalaria, lo que representa una concentración del control bajo el Ejecutivo sin mecanismos institucionales fuertes, y una menor responsabilidad del proveedor ante la sociedad.
En conclusión, la ecuación de Klitgaard señala que el potencial de corrupción en la Red Nacional de Hospitales, dada la exclusión de la Ley de Compras Públicas, es alto, generando preocupación sobre la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos en salud.
