Desde febrero de 2025, El Salvador implementa un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), marcando con ello el inicio de una nueva etapa en la gestión y administración de las finanzas públicas. Como punto relevante del Acuerdo, el país se ha comprometido a alcanzar un superávit primario del 3.7% del PIB en 2027, y, a partir de ahí, a sostenerlo en los próximos años, lo cual supone un esfuerzo significativo y no es una cosa menor.
Ante la magnitud de la corrección, es pertinente preguntarse que medidas se están tomando o se tomarán, no solo para alcanzar ese 3.7%, si no para sostenerlo según indican las proyecciones del FMI al menos hasta 2030, y con ello, provocar una reducción en el nivel de endeudamiento con respecto al PIB que debería ubicarse por debajo del 80% del producto al cierre de ese año.
Como parte de ese proceso, hay que decir que en junio fue aprobada una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, que busca establecer reglas más claras y vinculantes para el manejo responsable de las finanzas estatales. Este instrumento legal es complementado con la presentación, en los próximos meses, de un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que deberá servir como referencia técnica y programática para la formulación del Proyecto de Presupuesto 2026, consolidando así una ruta clara de mediano plazo en la política fiscal. Este documento, que mantiene a la expectativa a los especialistas en los temas fiscales, será el primero que dará líneas con mayor claridad de como se pretende implementar el referido ajuste, y como se piensa operativizar a través del presupuesto estatal.
Otro componente clave, en insoslayable guste o no, será la reforma del sistema de pensiones, prevista para inicios de 2026. Sin esta reforma seria imposible alcanzar un balance primario de 3.7% y sostenerlo durante varios años, como lo indican las proyecciones. Antes de ello, sin embargo, se presentará un nuevo informe actuarial, que permitirá conocer con mayor claridad el estado actual del sistema y sus desafíos futuros. La sostenibilidad de las pensiones es uno de los puntos más críticos de la agenda fiscal, y su reforma será determinante para reducir pasivos y evitar presiones sobre el gasto público en el largo plazo, de ahí su relevancia en el marco del ajuste.
A la par de estos cambios normativos y programáticos, es importante destacar una mayor disponibilidad y actualización de la información fiscal, que contrasta con la opacidad que hubo en años anteriores, aunque siempre hay un buen margen para mejorar. Si bien aún hay desafíos en términos de transparencia, se perciben algunos avances en la divulgación de datos clave para el seguimiento del desempeño fiscal.
Frente a todo esto que esta sucediendo, cabe preguntarse si todos estos cambios constituyen realmente una “revolución fiscal”, dado que años atrás la agenda fiscal estaba poco dinámica o estancada y ahora se muestran unas nuevas condiciones que apuntan, aun con limitantes, a un mayor nivel de apertura. La respuesta más precisa es que no lo es. Lo que está ocurriendo hoy es, en esencia, lo que el gobierno de turno debió haber hecho desde su llegada al poder en su primera administración. Los gobiernos anteriores, con todas sus limitantes y sus graves problemas fiscales, ya habían delineado este camino, es decir, solo faltaba ir cumpliendo las normativas y procedimientos fiscales una y otra vez, a modo de institucionalizarlo. De haberse implementado esta agenda de forma ordenada y gradual desde el inicio del gobierno allá por 2019, el ajuste fiscal habría sido más moderado y con menores impactos sociales.
Uno de los riesgos mas apremiantes en la actualidad es que la magnitud del ajuste fiscal comprometa el cumplimiento de Derechos Fundamentales, como el acceso a educación, salud y otros servicios públicos básicos, debido a los recortes empleados públicos y en gasto de bienes y servicios; es decir, como reza el dicho: “que la medicina termine siendo peor que la enfermedad”.Por ello, más que celebrar una revolución fiscal, es momento de exigir una implementación equilibrada, socialmente justa y sostenida en el tiempo.
• Rommel Rodríguez Trejo es economista de la Funde.
